Lo que otros no dicen

Lo que otros no dicen (166)

Xalapa, Ver.- La empresa Ibero Azteca 2000, logró un contrato abierto para la expedición de licencias, permisos de conducir y exámenes médicos para la Dirección de Transporte del gobierno de Cuitláhuac Jiménez García. El servicio que se ofrece en la entidad es cuatro veces más caro al que hacen para automovilistas de la Ciudad de México.

La firma, originaria de la ciudad de México, llegó a Veracruz a finales del 2018, cuando la administración de Miguel Ángel Yunes Linares le concesionó la emisión de licencias, luego de retirar el permiso para operar a Cosmovisión SA de CV, que había operado por una década, y con quien mantenían un adeudo de 110 millones de pesos.

La nueva empresa ofrece el servicio de expedición de licencias al Gobierno de la Ciudad de México, sin embargo, el costo por unidad para esa entidad fue de 67 pesos en el año 2018; para Veracruz el precio estipulado en el contrato SSP-UA-011/19, establece que por cada licencia el gobierno pagará 261 pesos;  en caso de que emitan más de 250 mil unidades el precio bajará a 174 pesos, lo que es 150 por ciento más caro que en la Ciudad de México.

En las últimas semanas se ha cuestionado al gobierno de García Jiménez por la asignación directa de contratos y el alto costo que se paga por insumos y servicios para el gobierno. El primer escándalo estuvo vinculado con la renta de 110 patrullas que obligarán a un pago de 144 millones de pesos.

En el caso de medicamentos, se criticó la compra de insumos para atender a pacientes oncológicos y seropositivos por un costo de 36 millones de pesos a la empresa Abisalud, ligada al delegado Carlos Lomelí.

Las constantes preguntas llevaron al titular de Salud, Roberto Ramos Alor, a confrontarse con la prensa y usar una frase coloquial que se asumió como una agresión hacia las comunicadoras: ¡ningún chile les embona!, externó.

El contrato que la SSP entregó a Ibero Azteca 2000 le permitirá cobrar desde 14 millones 668 mil pesos hasta 146 mil 682 pesos, de acuerdo con número de licencias que se logren expedir.

SSP adjudica directamente el contrato

El pasado 01 de marzo la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, sometió a consideración del Subcomité de Adquisiciones el dictamen para la adjudicación directa para la emisión, elaboración e impresión de licencias, permisos de conducir y examen médico para la Dirección General de Transporte.

La empresa registrada con el número 24878 del catálogo de proveedores de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), se comprometió a emitir licencias Tipo A, B, C y D, que permiten manejar vehículos del transporte público, particular y de carga, que obliga a exámenes de la vista, audiometría, presión arterial de los conductores.

El acuerdo estipula que el costo por la expedición de 250 mil licencias, e igual número de exámenes médicos tendrá un costo de 342 pesos. Si el número supera las 251 mil licencias e igual número de exámenes médicos, el costo se reduce a 300 pesos.

Ibero Azteca cobraría 14 millones 688 mil pesos y hasta 146 millones 682 mil pesos si logra realizar 485 mil 111 trámites para expedir licencias, y realizar exámenes médicos. El contrato establece que el costo por permiso o licencias va de los 216 a 174 pesos en base al volumen que se emitan.

La empresa tiene la obligación de implementar módulos itinerantes para garantizar la renovación o la emisión de nuevas licencias que tiene un costo para los automovilistas que van desde los 590 y hasta los mil 671 pesos.

La empresa llegó a Veracruz en septiembre del 2018 y el 23 de enero de este año Martín Barrios, encargado del proceso operativo de la emisión de licencias de Ibero Azteca 2000, confirmó la ampliación del contrato con el actual gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, sin la autorización del Subcomité de Adquisiciones de la Secretaría de Seguridad Pública.

 “Nosotros iniciamos operaciones en el mes de octubre (2018), por una cuestión legal nos suspendieron el servicio, sin embargo, lo estamos retomando a partir de ayer (lunes), por disposición del nuevo Gobierno del Estado”, comentó en entrevista a medios de comunicación.

En la charla comentó que el 03 de diciembre se suspendió la emisión de las licencias, pues el gobierno le limitó el acceso a la base de datos. El 22 de enero de este año se reestableció el servicio.

El grupo Ibero Azteca 2000 SA., de CV., tiene como representante legal a Fernando Villegas García, desde septiembre del 2006, la empresa aparece en el Registro Nacional de Comercio bajo el Folio Mercantil Electrónico 16716, y no aparecen nombres de socios.

El otro contrato

Ibero Azteca 2000 SA., de CV., firmó un acuerdo con la entidad Paraestatal del Gobierno de la Ciudad de México con Corporación Mexicana de Impresión SA., de CV. (COMISA). En el contrato 1800030, la firma se compromete a la expedición de 35 mil licencias y 460 mil tarjetas de circulación.

El contrato que fue vigente hasta el 31 de diciembre del 2018 establecía que el costo unitario por cada licencia, incluso, tarjetas de circulación sería de 67 pesos cada uno.

La empresa firmó un acuerdo para emitir 495 mil licencias y tarjetas de circulación por un costo de 38 millones 471 mil pesos. Es decir, prácticamente duplicarán la emisión de licencias por un pago que equivale a la cuarta parte del que va a pagar Veracruz.

En un contrato adicional el número 180014, vigente a diciembre del 2018, la empresa acordó imprimir 750 mil licencias tipo A por un costo de 58 millones 290 mil pesos.

 

Fuente: http://www.e-veracruz.mx

Jueves, 06 Junio 2019 00:25

EL TRASFONDO DE LA DENUNCIA CONTRA YUNES

Escrito por

Columna de Claudia Guerrero

https://claudiaguerrero.mx

 

En Veracruz, Fidel Herrera Beltrán hizo y deshizo lo que quiso con el tesoro público. Siempre he creído que lo movía su aspiración de llegar a ser candidato a y luego presidente de México.

Su generosidad no tuvo límites: regaló dinero al por mayor, que para la renta, que para el gas, que para pagar la luz, que para medicinas, que para becas, que para viajes, que para un vehículo, que para una casa. Total, el dinero no era suyo.

Pero fue muy listo. Impuso como sucesor suyo a su hijo putativo Javier Duarte de Ochoa quien sin chistar aceptó que le heredara una deuda de 25 mil millones de pesos que en cuestión de meses ya era de 40 mil.

Contralores internos amigos míos me aseguran que no existen documentos de una entrega-recepción formal y que Duarte se la comió toda sin mandar a auditar al gobierno de Fidel. Está en la cárcel en parte por haber limpiado al Tío Fide.

Duarte le agarró gusto al billete y convidó a su mujer Karime a que probara las mieles del poder. Le gustó tanto que se engolosinó. Hoy se refugia en el extranjero para no ser detenida y juzgada en México.

Miguel Ángel Yunes Linares… Miguel no cantó mal las rancheras movido por su afán de dejar a su hijo del mismo nombre como su sucesor pero, igual que Fidel, difícilmente dejó huellas que lo involucren directamente en algún ilícito.

Siempre me ha llamado la atención que a diferencia de lo que él hizo con Duarte y los suyos, a quienes logró que se incriminaran y lo incriminaran y les decomisó recursos en efectivo y bienes, hasta ahora no se ha sabido que el gobierno estatal de la Cuarta Transformación haya encontrado algo de peso en su contra.

El 13 de febrero pasado, el reportero Noé Zavaleta publicó en Crónica de Xalapa que  la Contralora General del Estado (CGE), Leslie Mónica Garibo Puga, le había presentado su renuncia al gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

“En una conversación por Whastapp que sostiene con el mandatario estatal –y que llegó a la redacción de Crónica de Xalapa–, Garibo le cuestiona a Cuitláhuac García si él ‘quiere poner a alguien’ o ella busca a su propio reemplazo”.

De acuerdo a la nota, le preguntaba: “¿Quiere usted poner a alguien?, o ¿lo busca una servidora? Para poder hacer la entrega-recepción conforme a derecho”. Cuitláhuac no le aceptó la renuncia.

El reportero explicó que la conversación había sido enviada por accidente por la propia Contralora a un grupo de chat entre militantes de Morena, y que aunque las capturas de pantalla apenas duraron 30 segundos en el ciberespacio, algunos servidores públicos habían guardado dicha conversación.

“La intención de renuncia entre Garibo Puga hacia Cuitláhuac García se da, derivado de que transcurridos dos meses de la actual administración estatal –explica un funcionario de Morena– la Contralora y su equipo de trabajo ‘fueron incapaces’ de encontrar irregularidades, expedientes de declaraciones patrimoniales incompletos o alguna información concreta que sirviera de contexto para poner querellas penales en contra de exfuncionarios del bienio del panista, Miguel Ángel Yunes Linares”, apuntó.

“’No es que los panistas y Yunistas no hayan robado, es que en la Contraloría fueron tan tontos que en dos meses no pudieron encontrar nada. Y con el tema de gobernabilidad tan complicado, urgía, apremiaba una cortina de humo’, explica la fuente”.

Noé Zavaleta publicó una imagen de parte del chat en el que se lee: “Hola gobernador muy buenas tardes!!!… Lo he estado buscando y pidiendo audiencia con usted para ver el tema que me solicitó. Sólo estoy esperando tener la audiencia con usted para q me de la línea a seguir. Quiere usted poner a alguien o lo busca una servidora. Para poder hacer la entrega recepción conforme a derecho. Y lamento mucho todo el mal entendido y le rehitero (sic) q en ningún momento ha sido mi intención el actuar de mala fe.”

El martes pasado, de pronto apareció el titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) de Veracruz, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, presentando una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobierno de Yunes por presuntas anomalías por 91 mil millones de pesos de los ejercicios fiscales 2017 y parte de 2018.

Pero, por lo que se vio, Miguel ni sudó ni se acongojó y a botepronto, saliendo del ostracismo que se ha autoimpuesto, expresó en las redes sociales: “Desde el pasado 1 de Diciembre estoy fuera de Veracruz dedicado a trabajar, a estudiar y hacer deporte.

Me he mantenido al margen, y así continuaré; no serviré de “Caja China” para desviar la atención de los temas que lastiman a los veracruzanos, tampoco de escalón para que se reelija un auditor corrupto, protector de Duarte y de sus cómplices.

Por ello no responderé señalamientos falsos y torpes, sería hacerles el juego.

Continuaré en lo mío y seguiré en la lucha para lograr un cambio profundo en Veracruz y México”.

En efecto, el pasado 22 de mayo, entrevistado en el Congreso local, Portilla Vásquez confirmó su pretensión de continuar en el cargo.

“Estamos trabajando en lo que la ley nos obliga y dando resultados, dependerá de las diputadas y diputados la permanencia del auditor general. Quiero mi trabajo, amo mi trabajo, tengo un excelente equipo de trabajo, me gusta lo que hago”, expresó.

Comentó que cumplirá 40 años en el servicio público y que cuenta con experiencia, por lo que trabajará hasta el último día de su cargo, que vence el 26 de septiembre próximo, pudiendo ser reelegido.

“Sí busco continuar con lo que tenemos, con lo que estamos haciendo, porque es pasión, cariño, amor a lo que estamos haciendo”.

A su intención, sin embargo, se ha opuesto el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, de Morena, quien el pasado 23 de mayo dijo que no es correcto ni saludable que continúe, que tiene que haber un cambio.

Expresó que el próximo titular del Orfis tiene que ser una persona “que cubra el perfil, que sea eficiente, que quiera al Estado de Veracruz y que no se esté manchando las manos y que haga las cosas de manera correcta”.

En su columna de ayer del Diario de Xalapa, René del Valle recordó que Portilla llegó al cargo en el gobierno de Fidel Herrera, y apuntó.

“Ejerciendo su función vio pasar el gobierno de Herrera Beltrán y también el del pupilo de éste, el hoy preso Javier Duarte.

Desde su posición, el contador público auditor no tuvo empacho en auditar el sexenio fidelista y prácticamente dar luz verde a todos los reportes de las cuentas públicas tanto de la oficina del gobernador como de las demás dependencias”.

A reserva de que, en efecto, le prueben algo a los yunistas, como dijera el merolico: ¡¡¡qué no le digan!!! ¡¡¡qué no le cuenten!!! El caso tiene, en el trasfondo, la intención del auditor superior de que lo reelijan, y, por parte del gobierno de Morena, apretar a Miguel Ángel para negociar la salida del fiscal general Jorge Winckler. Yunes Linares ya fijó postura. Yunes no es Duarte. Portlla pudo haber pisado un vidrio, y sin zapatos.

 De: Claudia Guerrera/Noticias

 

Las mentiras en los Gobiernos de MORENA crecen y crecen como bolas de nieve…  La opinión pública  y los veracruzanos tenemos el derecho de conocer cómo se gastan los recursos públicos federales y estatales, sin que hasta el momento, mucha de la información oficial se suba a la Internet, bajo consultas de transparencia gubernamental. Ayer comentábamos sobre el Festival  de Salsa Fest 2019 y algunos involucrados en el gran negocio de la difusión y organización de este magno evento, como Iván Francisco Martínez Olvera, quien se ostenta como Subdirector de Turismo y Promoción, siendo hermano de la titular de la Oficina de Gobierno Waltraud Martínez Olvera.  Los dos,  amigos e incondicionales de Cuitláhuac García. Pero hay otro negocio que no fue licitado por sus montos y el contrato fue otorgado ilegalmente por designación directa…

Resulta, que se debe pagar favores electorales a Ana Miriam Ferráez Centeno,  ya que al no ser designada como Directora del DIF Estatal, por el simple hecho de no contar con un título profesional, ahora, junto con su hermano Daniel, le otorgan millonarios contratos. Uno de ellos, es la colocación del escenario, difusión y contratación de artistas para el Festival de Salsa Fest 2019, en una adjudicación directa…

Si bien, hay que darle prioridad a empresas veracruzanas y este evento ayuda en mucho,  a los empresarios hoteleros y restauranteros de Veracruz y Boca del Río, no es justificación para violentar la Ley Estatal de Adquisiciones, considerado en el Artículo 27 y vigilado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, con la liga: http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2019/03/contrataciones.pdf

En los esquemas publicados en el Portal oficial del ORFIS, se observa que  para marzo del 2019, los montos mínimos y máximos para los procesos de contratación en Adjudicación Directa son desde cero pesos hasta $97 mil 007 pesos, con 67 centavos… Cabe destacar, que el contrato otorgado a los hermanos Ferráez Centeno, es por más de 10 millones de pesos, por el nivel de artistas que confirmaron estar presentes en el Festival Salsa Fest 2019…

Y bajo ese criterio,  por el monto invertido por parte  del Gobierno de Veracruz,  debe ser una  licitación pública  estatal, con montos considerados  desde  $7 millones 761 mil 212 pesos con 21 centavos, hasta $15 millones 522 mil 253 pesos con 48 centavos… En su caso, de ser un monto mayor al máximo de la Licitación Pública Estatal, se obliga a realizar una Licitación Pública Nacional o Internacional, si es que sobrepasa a la cantidad de $15 millones, 522 mil  253 pesos con 49 centavos…

Es muy importante acotar, que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a erradicar las famosas designaciones directas   y durante su corta gestión,  ha sido todo lo contrario, asignando contratos a amigos y compadres, omitiendo la ley federal y violentando las normas de ejecución para el destino de “los dineros”… En Veracruz, de no actua

con  base a la  Ley Estatal de Adquisiciones, caerían en omisiones legales,  complicidad y corrupción, beneficiando a ciertas personas, quienes fueron grandes aliados durante la campaña de Cuitláhuac García y de MORENA…

La Secretaría de Turismo de Veracruz deberá  transparentar los gastos, como  obligación administrativa, la  misma,  no lo ha hecho  e informar sobre  contratos asignados de forma directa a Daniel y Ana Miriam Ferráez Centeno.  Y no vaya ser, que después, cínicamente digan que  los artistas no cobraron un sólo peso;  que el monumental escenario fue gratis y su renta por día es elevadísima, contabilizando cinco días que dura el evento y  en el criterio  en la venta de boletos, no hubo ganancias, pues  se entregaron  50 mil boletos regalados, como se lee en notas pagadas por parte del Gobierno del Estado, bajo la Coordinación General de Comunicación Social…

El Festival Salsa Fest 2019 será uno de los eventos más importantes de Veracruz. Pero en su operación administrativa gubernamental, debe ser de manera legal y no, que  se muestren tan silvestres, al  evidenciarse actos de corrupción y  hasta tráfico de influencias, en el pago de favores y negocios poco claros, que ensombrece aún más a esta torpe administración de Cuitláhuac García, quien tal parece, en lugar de realizar un cambio verdadero, sólo vienen a hacer negocios lucrativos personales… Sería bueno que explicaran, por qué esta designación directa no aparece en el portal de  COMPRANET o si son pago de favores…

Notita importante: Qué personaje en el Congreso de Veracruz está invitando a los Alcaldes a que contraten  un despacho  contable en particular,  para que les hagan auditorías lavadas y planchadas, asegurando no haber problema en observaciones, ni investigaciones por parte de la Comisión de Vigilancia… Lo interesante es que estos bufetes contables ya están visitando los Ayuntamientos, pidiendo entrevistarse con los Presidentes Municipales, bajo la orden de este oculto personaje. Municipios como Soconusco, Nanchital y Perote han recibido estas visitas, sin que los Alcaldes lo hayan pedido… Y lo peor, que esta presión está manejada con el sello de MORENA…

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Xalapa, Ver.-El modus operandi de la Fiscalía de Veracruz para conseguir imputaciones contra excolaboradores de Javier Duarte era el siguiente: primero, torturaba a exservidores públicos en prisión y luego les ofrecía una negociación: si ellos declaraban contra sus superiores, obtendrían su libertad mediante la simulación de una enfermedad grave que sería validada por médicos y jueces serviles a los intereses de la procuraduría a cargo de Jorge Winckler Ortiz.

Estos hechos fueron comprobados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)en la recomendación 25/2019 donde se determinó que la Fiscalía General del Estado (FGE), con la tolerancia y aquiescencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), torturó a Gilberto Aguirre Garza, exdirector general de Servicios Periciales para obtener una declaración incriminatoria contra Luis Ángel Bravo Contreras, exfiscal de Veracruz. Ambos presos por el delito de desaparición forzada de personas.

Estas presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares podrán ser usadas en favor de los exservidores públicos ligados a estos crímenes, al exponer que los cargos en su contra fueron obtenidos bajo la fabricación de pruebas y tortura.

E-Consulta Veracruz obtuvo en exclusiva copia de la recomendación 25/2019, la cual relata cómo fiscales, policías, abogados particulares, médicos y jueces simularon justicia en un caso trascendente de desaparición forzada con un solo propósito, beneficiar al gobierno pasado en las elecciones del 1 de julio de 2018, donde el candidato a gobernador por la alianza PAN-PRD-MC era Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del entonces mandatario estatal, Miguel Ángel Yunes Linares.

La tortura: “Solo recibo órdenes de Yunes y Winckler”

El 3 de abril de 2018, Gilberto Aguirre Garza, exdirector de Servicios Periciales de la FGE fue detenido por el delito de desaparición forzada, bajo la causa penal 80/2018. A él se le acusa de ordenar la desaparición de 19 cadáveres que habrían sido víctimas de las Fuerzas Especiales de la SSP durante el gobierno de Javier Duarte.

En esa misma fecha, Aguirre fue trasladado al Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo, Veracruz, (CE.RE.SO Zona 1), en donde, presuntamente fue víctima de actos de tortura con la finalidad de rendir una declaración en contra de su exjefe Luis Ángel Bravo Contreras.

El 6 de noviembre de 2018 Aguirre declaró a visitadores de la CEDH que: “Al ingresar al reclusorio de Pacho Viejo fui internado en la sección “A”, estancia 1, litera 1, después de ser vinculado a proceso. En mi estancia pusieron por órdenes de la Dirección un radio con bocina a todo volumen durante día y noche por varios días lo que se convirtió en una tortura pues cuando llegaba por momentos a conciliar el sueño era por un cansancio extremo (…) Por lo anterior hablé con el director del reclusorio Gabriel Jiménez Ramírez quien me dijo que no podía hacer nada al respecto, que él solo recibía instrucciones de Miguel Ángel Yunes LinaresJorge Winckler OrtizMarcos Even Torres Zamudio (fiscal anticorrupción) y Luis Eduardo Coronel Gamboa (exfiscal especializado en denuncias por personas desaparecidas). Esta tortura me hizo perder 8 kilogramos de peso”.

“El 10 de mayo de 2018, a la 1 de la mañana fui despertado por el director del penal, Gabriel Jiménez Ramírez y un custodio, quien me ordenó vestirme y que lo acompañara. Me condujeron al segundo piso del área de oficinas, hasta final del pasillo, donde se encuentra la oficina del director. Al entrar veo a Luis Eduardo Coronel, quien me preguntó cómo la estaba pasando. Me dijo que sabía perfectamente que no había cometido ningún delito pero que el exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras había roto un acuerdo con el gobernador Miguel Ángel Yunes y que necesitaba que lo incriminara por el mismo delito que fui vinculado a proceso (…)  que tenía una propuesta de Miguel Ángel Yunes y del Fiscal Jorge Winckler, que si declaraba contra Bravo Contreras dejarían de torturarme con la música insoportable, que respetarían a mi familia -dándome perfectamente a entender que la agredirían de no aceptar sus pretensiones-, y que además tendría derecho a tener una televisión en la celda y un celular. Opté por aceptar la propuesta. La entrevista concluyó a las 4:00 a.m. (del 11 de mayo), sin que estuviera presente mi defensor, que en esa fecha era el licenciado Arturo Nicolás Baltazar. Luis Eduardo Coronel contactó por celular a Jorge Winckler informándole sobre mi declaración y Winckler autorizó los beneficios que me ofrecía, avalados por el gobernador Yunes Linares”, declaró Aguirre. 

Sin embargo, estas negociaciones cambiaron su curso con el resultado de las elecciones del 01 de julio, donde Miguel Ángel Yunes Márquez fue derrotado por el candidato morenista, Cuitláhuac García Jiménez, actual gobernador de Veracruz.

“Mi declaración del 10 de mayo fue alterada. No reconozco el contenido ni las firmas plasmadas. Yo solo proporcioné por una sola vez mi declaración, y ahora tengo conocimiento que existe una supuesta declaración de ampliación de fecha 11 de mayo de 2018. La firma en esa ampliación es falsa, apócrifa. La primera hoja no tiene firmas, ni la mía, ni la de D. G. G.  (Fiscal especializado para la atención de denuncias por personas desaparecidas en la zona centro Xalapa) ni la de un supuesto abogado, P. J. S. L., a quien nunca designé como mi defensor en la declaración del 10 de mayo, ni en la ampliación del 11 de mayo, y quien tampoco estuvo presente en ninguna de las fechas”, señaló Aguirre.

El quejoso dijo que de acuerdo con Coronel Gamboa, la negociación con la Fiscalía esta vez solo surtiría efectos siempre y cuando se legalizara su declaración ante la juez de Control, Alma Aleida Sosa Jiménez -ligada al exgobernador Yunes- a través de una prueba anticipada.

A cambio, Aguirre sería diagnosticado por un médico particular con alguna afectación de salud grave que sería confirmada por un perito de la Dirección General de los Servicios Periciales (DGSP) de la FGE. Con ello se solicitaría el cambio de medida cautelar a la jueza Sosa Jiménez, junto con el desahogo de la prueba anticipada.

Convictos y custodio confirman tortura a Aguirre y negociaciones con duartistas

En la recomendación 25/2019, se exponen los testimonios de dos convictos del penal Pacho Viejo, identificados como T1 y T2, quienes confirmaron que personas ajenas al penal ingresaron una bocina grande -de 50 centímetros- a la celda de Gilberto Aguirre.

“Todo era muy tranquilo -en Pacho Viejo- hasta que agarraron la sección 1 para meter a puro servidor público” (…) “Yo incluso llegué a ver que Gilberto Aguirre mejor se dormía durante el día en una banquita que está por una cancha de basquet; todos agarrábamos la onda de que lo hacía porque no lo dejaban dormir en su celda”.

A ello se suma lo referido por T1, quien declaró: Arturo "N" (exsecretario de Seguridad), a Mauricio "N" (exsecretario de Finanzas), a Nemi "N" (exsecretario de Salud) y a otro que es policía que lo metieron por desaparición forzada”.

Los nombres referidos por el preso T1 son de tres exservidores públicos, uno imputado por desaparición forzada (Arturo “N”) y dos por delitos relacionados con hechos de corrupción que consiguieron vivir su proceso en libertad por medio de amparos federales y supuestas enfermedades graves, validadas por médicos de la FGE y por la juez Alma Aleida Sosa.

A las declaraciones de los reos, se agrega la de un custodio -identificado como T3- quien relató a la CEDH que “En mayo de 2018, el director me dijo que debía dejar pasar a dos personas de sexo masculino, no se identificaron ni se registraron; yo los reconocí porque días antes había ido a una audiencia a los juzgados que están junto al Cereso y vi que eran fiscales. El director bajó por ellos y los llevó a su oficina y dio instrucciones para sacar a Aguirre”.

La secretaría de Seguridad, entonces encabezada por Jaime Téllez Marié -exfuncionario que recientemente se reunió con el exgobernador Yunes en un café popular del puerto de Veracruz- descartó la versión de Aguirre y de los presos de que en el penal se infiltró una bocina para torturarlo con música de banda y reguetón al exdirector, toda vez que eso está prohibido por el reglamento del penal.

Este argumento fue echado abajo con una requisa realizada en Pacho Viejo el 6 de diciembre de 2018, cuando se encontraron varios objetos punzocortantes, aparatos electrónicos, televisores, pantallas, grabadoras, equipos de sonido, reproductores de video, aparatos de video juegos, que les fueron retirados a los reos y puestos a disposición del Cereso.

La CEDH concluyó negligencia en personal de la SSP debido a que: El ingreso del radio y la bocina tuvo que haber sido tolerado por personal de la Aduana del Cereso; La existencia de esos equipos tuvo que haber sido detectado por personal de supervisión y custodia del Cereso durante los pases de lista diarios o durante las revisiones aleatorias a las estancias; La reproducción constante de música tuvo que ser detectada por el personal de supervisión del Cereso, máxime tomando en consideración que, de acuerdo con el reglamento que los rige, las estancias debían permanecer en silencio después de las 21:00 horas; y por último debido a que Aguirre Garza y los internos de la sección A hicieron del conocimiento de la bocina al entonces director del Cereso, así como al personal de supervisión y custodia.

De acuerdo con un dictamen médico-psicológico“… A saber de la entrevista a profundidad a Gilberto Aguirre y la descripción detallada de su alegación de tortura el resultado de las evaluaciones clínicas y psicométricas y la evolución documentada en las secuelas físicas y sicológicas, la consistencia entre la descripción de los hechos y la reacción emocional de la persona durante la entrevista, así como la consistencia entre su comunicación verbal y no verbal, concluimos que todas las fuentes de información son firmemente consistentes y congruentes con la descripción de los hechos de presunta tortura”.

“Gilberto Aguirre, presenta un trastorno de ansiedad generalizada debido a diversas fuentes de estrés coexistentes, síntomas y reacciones sicológicas en personas sobrevivientes de actos de tortura, en particular síntomas asociados a la depresión y estrés postraumático: insomnio moderado, malestares somáticos (agudización de la dermatitis atópica y bruxismo) problemas de sueño, pérdida de peso y falta de apetito, nerviosismo, hormigueo, dolores musculares, dificultad de concentración, problemas de memoria evitar actividades que le recuerden el suceso (la exposición a sobreestimulación sensorial)”.  

Las contradicciones de la FGE

En su defensa, la Fiscalía General, a través de D. G. G., refirió mediante informes pormenores sobre las entrevistas en el interior del penal de Pacho Viejo, los días 10 y 11 de mayo de 2018.

“Mencionar que referente a la entrevista del 10 de mayo se remitió un oficio de fecha 7 de mayo de 2018, dirigido al licenciado Jaime Téllez Marié, secretario de Seguridad, solicitando autorización para ingresar al Cereso para realizar una entrevista a Gilberto Aguirre Garza, dando autorización al suscrito.

“Mediante un oficio signado por el licenciado Raúl Platón del Cueto Morales, director general de Prevención y Readaptación Social, se autorizó a D. G. G. reingresar a las instalaciones del Cereso el día 11 de mayo en punto de las 17:00 horas, con la finalidad de recabarle entrevista al ahora quejoso”.

Acerca del abogado Jesús Sánchez López -a quien Gilberto Aguirre negó haber concedido el permiso para representarlo- la Fiscalía aseguró que sí se encontraba asesorando a Aguirre Garza al momento de ser entrevistado por D. G. G.

Pero la CEDH comprobó, mediante el acceso a la carpeta de investigación FGSP/786/2018 remitida por la propia FGE, la existencia de dos declaraciones presuntamente realizadas por Gilberto Aguirre, los días 10 y 11 de mayo de 2018. El encargado de realizar las entrevistas -se expuso- fue el Fiscal D. G. G.. 

Del análisis de la declaración presuntamente rendida por Aguirre del 11 de mayo de 2018 se hallaron dos irregularidades: 1.- se asentó que la declaración fue recabada en la ciudad de Xalapa, por comparecencia voluntaria de Aguirre y no en el Cereso de  Pacho Viejo, en Coatepec. 2.- Dicha declaración solo contiene las firmas de Aguirre Garza, de D. G. G. y el abogado P. J. S. L. -a quien el quejoso desconoce-, en la última hoja, sin que en las demás aparezca rúbrica alguna. En cambio, en la declaración del 10 de mayo todas las hojas van rubricadas.

El abogado P. J. S. L., el 15 de noviembre de 2018 señaló que en el mes de mayo, en compañía de la esposa de Aguirre, K. E. G. B., acudió al penal de Pacho Viejo donde acordaron -en la zona de locutorios- que él asumiría su representación legal. Fue mediante esa autorización, dijo el abogado, que el 10 y 11 de mayo representó a Aguirre durante las declaraciones.

La CEDH solicitó a las autoridades del penal de Pacho Viejo copia certificada de los libros de ambas guardias del mes de mayo 2018. Y menciona: “Se advierte que el 10 y 11 de mayo no existe registro de D. G. G. Sobre el abogado en el libro de registro denominado “Abogados” de la guardia interna del Cereso se encontraron dos registros de esa persona, una del 10 de mayo a las 11:20 horas y otra del 11 de mayo a las 15:30 horas. Sin embargo ninguno de esos ingresos aparece en los libros de la guardia externa. Esta situación coincide con Aguirre relativo a que los libros de registro de la guardia interna del Cereso fueron alterados para simular el ingreso de su supuesto abogado”, se lee en la recomendación. 

Al verificar los ingresos asentados en el libro de registro denominado “Locutorios” correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y 10 de mayo de 2018, se advierte que en fecha 2 de mayo la C. K. E. G. B., ingresó al Cereso. Y no así  del abogado P. J. S. L.

A estas inconsistencias, se agrega que la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, mediante un informe rendido el 30 de noviembre de 2018 señaló que las cámaras de seguridad ubicadas en el exterior del penal de Pacho Viejo se encontraban desactivadas, justo el 10 de mayo de 2018.

El clan de funcionarios en la simulación de justicia por desapariciones

Gilberto Aguirre señaló que después de haber rendido su declaración bajo coacción, Coronel Gamboa le dijo que podría obtener su libertad siempre y cuando se legalizara su declaración ante un juez de Control a través de una prueba anticipada. 

El acuerdo consistía en que Aguirre sería diagnosticado por un médico particular con alguna afectación a la salud y que un perito de la Dirección General de los Servicios Periciales (DGSP) confirmaría tal diagnóstico y entonces se solicitaría el cambio de medida cautelar, junto con el desahogo de una prueba anticipada.

El 6 de agosto de 2018 el abogado P. J. S. L., solicitó por escrito al director general de Prevención Social y Readaptación Social del Estado y al Director del Cereso la autorización para el ingreso de una médico particular al penal con la finalidad de que le fuera practicada una valoración médica a Aguirre Garza.

Esta misma solicitud fue realizada a la jueza de control Alma Aleida Sosa Jiménez, el 8 de agosto, sin embargo ella determinó no acordar la solicitud realizada por el abogado P. J. S. L. toda vez que no tenía personalidad reconocida dentro de la causa penal. Es decir, la juez confirmó que el misterioso abogado no era representante legal de Gilberto Aguirre.

No obstante, el 7 de agosto de 2018, Aguirre fue valorado clínicamente. El médico emitió una receta médica en la que se asentó como impresión diagnóstica “cuadro de neumonía a obstrucción enfisema pulmonar” (sic).

El 14 de agosto se autorizó un traslado al médico especialista de urgencia en favor de Aguirre. Este fue canalizado a un consultorio médico, cuyo titular emitió como diagnóstico “enfermedad pulmonar obstructiva crónica” (sic).

Aunque el formato de traslado de Gilberto Aguirre, del 14 de agosto, señala que fue con carácter de urgencia advierte que la valoración de Aguirre se realizó misteriosamente con previa cita y que fue agendada por una mujer.

El 17 de agosto el abogado P. J. S. L. solicitó a la FGE la designación de un perito a fin de que llevara a cabo otra revisión médica a Aguirre Garza. Un médico forense refirió el 21 de agosto de 2018 que a la hora de su declaración no había emitido el peritaje correspondiente toda vez que necesitaba realizar dos estudios para confirmar o descartar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que padecía Aguirre.

El 31 de agosto derivado de la solicitud promovida por el Fiscal D. G. G., la jueza de control acordó procedente que el 4 de septiembre de 2018 a las 14 horas se celebrara audiencia para el desahogo de una prueba anticipada considerada en la declaración de Aguirre.

El 3 de septiembre se informó a la juez de control a cargo del proceso penal 80/2018 que el Fiscal D. G. G. había solicitado la cancelación de la audiencia de desahogo en virtud de que Aguirre presentaba problemas de salud. Ello tuvo una razón simple: Aguirre Garza había roto el compromiso con la Fiscalía.

Misma negociación fue propuesta a Arturo Bermúdez y grabada

La CEDH recalcó en su recomendación que estos hechos de simulación ya habían sido evidenciados en diciembre de 2018 mediante un audio a través del cual se da constancia de una plática sostenida entre Luis Eduardo Coronel Gamboa y el abogado defensor de Arturo “N”, vinculado a proceso por desaparición forzada de personas.

–“Nos interesa, porque él (Arturo “N”) es una de las dos personas que señalan de manera directa tanto al exgobernador Javier Duarte como al exfiscal Luis Ángel Bravo. Aquí, salvo la plática que en unos momentos tendré con el Fiscal General, yo veo complejo que desahoguemos la prueba anticipada una vez que él esté en libertad. Yo creo que sí hay forma de justificarla a través de la hipótesis médica”.

Coronel, se lee en la recomendación, acordó con el abogado en cuestión que su representado debía rendir una declaración incriminatoria en contra de Luis Ángel Bravo y que dicha declaración debía ser ratificada ante el juez de control, a través del desahogo de una prueba anticipada.

“Nosotros afortunadamente todavía tenemos unos meses más en los que vamos a tener el control de los CERESOS, entonces ahí lo que podemos hacer es que él manifieste alguna sintomatología médica, que se solicite la entrada de un médico particular o que se le lleve con algún especialista, que ese especialista dé un determinado diagnóstico, ese diagnóstico nosotros a través de Servicios Periciales mandemos un perito que ratifique que el diagnóstico que está dando el médico particular es correcto, y con esa hipótesis médica nosotros pedir el desahogo de la prueba anticipada en los reclusos”.

“Esto puede ser tan inmediato como el tema de la gestión del médico. Teniendo al médico, nosotros hablamos con la Secretaría de Seguridad Pública de que no tenga ningún tipo de inconveniente en salir rápido a ser checado, si es una necesidad médica tampoco es que podamos dejar pasar demasiado tiempo, y nosotros nos podemos comprometer ante el dictamen de Periciales ratificando el diagnóstico del médico pues a la mayor brevedad, también hacer una revisión, ver el diagnóstico y cotejar”, se exhibió en aquel audio de diciembre de 2018.

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Xalapa, Ver. - Más allá de las disputas políticas entre el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el Fiscal General, Jorge Winckler Ortiz, se debe plantear una reforma integral para fortalecer el Sistema de Justicia de Veracruz, uno de los más deficientes a nivel nacional, que involucran a los poderes Ejecutivo, Judicial y a dicho órgano autónomo.

La Fiscalía que dirige Jorge Winckler Ortiz es la tercera peor evaluada en el país. De cada 100 carpetas de investigación que se abren solo se logran determinar 18, según datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2018 del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi).

El académico del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana (IIHS-UV)Alberto Olvera, declaró que el Sistema de Justicia lo conforman la policía estatal y municipal, a cargo del Ejecutivo, lo mismo, que la Fiscalía General y el Poder Judicial, sin embargo, las tres instituciones están muy debilitadas.

“Las tres instancias tienen que actuar en conjunto, para atender el problema de la inseguridad y la justicia, no pueden pensarse por separado (…) Hay que entender que tiene que funcionar juntas porque si no, no se puede impartir justicia”, opinó en entrevista para E-Consulta Veracruz.

Incluso antes del conflicto que involucra al Gobierno y la mayoría de Morena en el Congreso local, la FGE de Veracruz está en el ranking de las tres fiscalías peor calificadas, tema que está vinculado a las condiciones en la que operan las policías, que para el académico son “sumamente precarias, pues el Estado tiene muy pocos hombres (policías) y sin certificación”.

De acuerdo con el Diagnóstico Modelo Óptimo de la Función Policial que publicó la Secretaría de Gobernación en 2018, poco menos del 80 por ciento de los policías de Veracruz fueron evaluados y aprobaron los exámenes de control y confianza, el resto, más del 20 por ciento no están certificados. Más del 70 por ciento de los elementos contaba con formación inicial o equivalente.

En el caso del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Olvera expuso que es necesario hacer más eficiente el proceso de nominación y nombramiento de sus integrantes.

“Tenemos un Poder Judicial muy poco profesional cuyos magistrados y jueces han sido nombrados en procesos poco transparentes y que respetan muy poco las capacidades y prestigios individuales”,

El investigador destacó la poca importancia que le dan a dicho poder, desde el año 2017 existen 14 vacantes de magistrados, y se ha retrasado el proceso de designación, en el que se tienen que coordinar el poder Ejecutivo, al presentar las ternas y el Legislativo, que debe ratificarlo con el voto de las dos terceras partes de los diputados locales.

“Es urgente una reforma integral del sistema de justicia, no solo sacar al fiscal, se deben fortalecer a la policía estatal y municipales; necesitamos fortalecer a la Fiscalía que es ineficiente, aun antes del conflicto; y se necesita un Poder Judicial profesional, para lo cual sería importantísimo que el gobierno del estado ya propusiera los magistrados que falta, y que fueran del mejor perfil posible, es decir, que ya definan a abogados competentes, profesionales con prestigio y no a cuates de la clase política”, planteó a este medio de comunicación.

La disputa entre el Ejecutivo y la Fiscalía bloquea cualquier posibilidad de cooperación, por lo que es necesario acabar el pleito en el que también participan los legisladores locales de Morena: “yo creo que ahí ambas partes se han comportado con poco profesionalismo, incluso, con poca dignidad”.

La historia de la denuncia

El Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por “esconder” más de 150 órdenes de aprehensión; la denuncia fue presentada este 07 de mayo por el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, acompañado por legisladores locales de Morena.

Además, se les unió Eric Cisneros Burgos, secretario de Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz.

La querella se fundamenta en el hecho que durante 2017 y 2018, Winckler Ortiz no subió las órdenes de aprehensión a la Plataforma México, “lo que contribuyó a que estas personas pudieran estar libres no sólo por el estado de Veracruz, sino por la República Mexicana”.

En respuesta, Jorge Winckler Ortiz calificó como una “locura” la denuncia que interpusieron en su contra funcionarios de despacho.

El titular del órgano autónomo mencionó que desde que asumió la responsabilidad de la Fiscalía, en diciembre del 2016, ha ejecutado más de 6 mil 200 mandamientos de orden de aprehensión.

Por lo que la denuncia que se presentó ante la Fiscalía General de la República resulta una “cortina de humo” ante los malos resultados del Gobierno estatal, para distraer la atención de temas medulares relacionados con la seguridad pública.

La postura política

Una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la situación en Veracruz del Fiscal Jorge Winckler Ortiz, ahora por la denuncia interpuesta desde el gobierno estatal.

“Que la Fiscalía General de la República (FGR) resuelva, que corresponda, que investigue y que no haya impunidad, es lo que propongo”.

En su rueda de prensa matutina, este 08 de mayo desde Hidalgo, periodistas preguntaron al ejecutivo nacional cómo resolver el tema en medio de la crisis de violencia que vive la entidad, y luego de que el mismo Obrador señalara en abril pasado, que no era recomendable que el anterior gobernador – Miguel Ángel Yunes Linares- dejara a su Fiscal.

 López Obrador detalló que, si el tema corresponde a la FGR, tendrán que actuar de forma en que todo sea “pronto, expedito y justo”.

“Es que ya el presidente no es el que representa el poder omnímodo no es el ejecutivo el poder de los poderes, ya tenemos que tomar en consideración que existe una Fiscalía que es autónoma, el procurador ya no depende del presidente (…) si esto corresponde a la Fiscalía ellos tienen que resolverlo”.

Por su parte el exdirigente del PRDJesús Zambrano, quien estuvo de visita en la capital del Estado, recomendó al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez seguir el ejemplo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y no interferir en las decisiones de otros poderes, en su intento por remover al Fiscal General del Estado.

Al igual que Winckler Ortiz, planteó que la más reciente denuncia contra el Fiscal General es una cortina de humo ante los nulos resultados del Gobierno del Estado.

“Yo le diría al inepto y corrupto gobernador del Estado a que por lo menos aprenda a un poquito de su jefe nacional, el Presidente de la República, que acaba de decir que él no se va a meter con el Fiscal”, expresó en conferencia de prensa.

 

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Boca del Río, Ver.- El edificio del preescolar "Rosalía Castro" estaba adornado con globos y papeles de colores. Las maestras y algunas madres habían puesto empeño para festejar el Día del Niño. La vida le dio una voltereta a la festividad. La celebración de este 30 de abril quedó suspendida tras el asesinato de Lazarito en uno de los pasillos del plantel.

El niño de cinco años murió por golpes y cortes hechos por una navaja de afeitar. Su propio padre, Lázaro Alfonso Márquez, lo atacó para luego suicidarse dentro del mismo kínder, generando caos y terror entre los habitantes de esa localidad.

El 29 de abril de este 2017, cerca del mediodía, el homicida acudió a la escuela por el pequeño, como era habitual. Los primeros reportes indican que el responsable trabajaba como guardia de seguridad en una empresa privada.

Mildred Martínez, esposa del oficial, laboraba como intendente en el mismo plantel, por eso ambos tenían las llaves del portón, dado a que Lázaro iba a ayudar a su esposa a podar el jardín y en los trabajos más pesados.

Los primeros informes recabados por las autoridades indican que la pareja procreó tres hijos, uno de ellos estudiaba la universidad, por lo que el joven emigró de Cosoleacaque, poblado ubicado en la zona conurbada con Minatitlán y Coatzacoalcos, al sur de la entidad veracruzana.

Una de las teorías es que los crecientes gastos habían desestabilizado al matrimonio, provocando la petición de divorcio al elemento del IPAX, situación que lo afectó de manera emocional.

El reporte ministerial indica que el padre de familia acudió por el menor de sus hijos al jardín de niños, tomó a lazarito de cinco años, lo llevó a un lugar apartado de los docentes y lo atacó con una navaja de afeitar, le cortó las venas, pero al ver que no moría lo molió a golpes hasta asesinarlo.

Mildred, al enterarse, corrió unos 100 metros de su casa al jardín de niños, pero ya era tarde, su esposo también se había cortado las venas para luego colgarse de una cuerda que ya tenía lista dentro de uno de los salones de clases.

La muerte del pequeño causó revuelo en Cosoleacaque. Decenas rodearon la escuela para tratar de consolar a la madre. El hecho arruinó el Día del Niño en todo ese municipio.

Este 30 de abril, ya no hubo fiestas. No acudieron los payasos ni llevaron las piñatas ya listas para el festejo en la "Rosalía Castro", lo que imperó fueron flores, coronas y el féretro del alumno que perdió la vida a manos de su padre.

 

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Xalapa, Ver.-El municipio de Boca del Río, el bastión de la familia Yunes y del PAN en Veracruz, es el más seguro o con menos delitos de alto impacto entre las diez ciudades más pobladas de la entidad. Esto según datos de la Fiscalía a cargo de Jorge Winckler Ortiz, quien fue abogado del ex gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares.

Según el funcionario entre los municipios con más habitantes en Veracruz los que están gobernados por el PAN son “los más seguros” y la mayoría de los inseguros tienen administraciones morenistas, si solo se consideran las estadísticas de los delitos de alto impacto.

Este martes Winckler Ortiz publicó un mapa estadístico estableciendo que Boca del Río, administrado por el panista Humberto Alonso Morelli, es el mejor posicionado.

Con el 0.53 por ciento de incidencia de delitos de alto impacto, es decir homicidios, feminicidios y secuestros y sus 142 mil 207 habitantes, dicho municipio costeño es fijado por la Fiscalía como “el más seguro de Veracruz”.

Según las cifras el municipio de San Andrés Tuxtla, cuyo presidente municipal Octavio Pérez Garay llegó al cargo sin partido, es el segundo con menos delitos de alto impacto, con una incidencia del 0.60 por ciento entre sus 164 mil 834 habitantes.

La Fiscalía incluye en el pódium al puerto de Veracruz gobernado por el panista Fernando Yunes Márquez, hijo del ex gobernador Yunes Linares, situándolo en la tercera posición con una incidencia del .90 por ciento entre sus 609 mil 964 habitantes.

En contra parte, según el fiscal Jorge Winckler el municipio de Coatzacoalcos, gobernado por el presidente municipal de Morena, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, es la ciudad más peligrosa de Veracruz con una incidencia de delitos de alto impacto del 2.70 por ciento entre sus 319 mil 187 habitantes, de ahí que ocupa la décima posición.

La Fiscalía reporta que Córdoba, gobernado por la panista Leticia López Landero, se encuentra en el noveno puesto con 2.42 por ciento de incidencia entre sus 218 mil 153 habitantes.

No obstante, siguiendo un orden ascendente, le siguen municipios gobernados por Morena, tal es el caso de Minatitlán  en el octavo puesto y a cargo del morenista Nicolás Reyes Álvarez, con 1.50 por ciento de incidencia entre sus 157 mil 393 habitantes.

Según el organismo el municipio de Xalapa, la capital del Estado gobernada por el morenista Hipólito Rodríguez Herrero, tiene una incidencia de 1.41 por ciento entre sus 480 mil 841 habitantes.

Poza Rica, con el presidente municipal de Morena Francisco Javier Velázquez Vallejo, mantiene una incidencia delictiva de 1.41 por ciento entre sus 200 mil 119 habitantes.

Tuxpan, gobernado por el panista Juan Antonio Aguilar Mancha mantiene un 1.31 por ciento de incidencia entre sus 200 mil 119 habitantes y Papantla, gobernado por el alcalde del PRD, Mariano Romero González, tiene una incidencia de 1.23 por ciento de delitos de alto impacto entre sus 161 mil 097 ciudadanos.

Al presentar las cifras, Winckler Ortiz argumentó que se trata de datos objetivos, según las carpetas de investigación que han sido iniciadas por el organismo a su cargo y reconoció la labor de Boca del Río.

“Yo creo y me atrevería a señalar que tiene mucho que ver la participación de las autoridades municipales; hay una coordinación que se reúne cada semana los sábados en la presidencia municipal convocando a la dirección de gobernación, tránsito municipal y la dirección de comercio.

“También a las autoridades federales que tienen que converger en la zona, así como el vicealmirante José Manuel Solano Ochoa, coordinador regional del gobierno federal”, justificó el funcionario.

Añadió que también participa la Fuerza Civil, Policía Federal, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa, la Fiscalía General de la República, gente del C5 y de la Fiscalía General.

Reiteró que su informe se trata de un trabajo estadístico, considerando solo las ciudades que sobrepasan los 100 mil habitantes.

 

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Xalapa, Ver. – De siete grupos de la delincuencia organizada que se pelean “la plaza” en Veracruz el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha sido el más abollado en los primeros tres meses de la administración del morenista Cuitláhuac García Jiménez.

De acuerdo con el análisis de 597 comunicados oficiales, el grupo fundado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ha sufrido importantes detenciones, aseguramientos de propiedades y abatimientos en 12 municipios donde esta célula se asentó a partir del gobierno del priista, Javier Duarte.

El mandatario estatal Cuitláhuac García ha reconocido ante senadores y medios de comunicación la presencia de al menos seis cárteles en la entidad: CJNG, Los Zetas, Zetas Vieja Escuela, Sangre Nueva Zeta, 35 Z, Cartel del Golfo y Grupo Sombra.

Contra esas agrupaciones la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) registra 23 acciones del 01 de diciembre a la fecha; 19 corresponden al CJNG, dos a Los Zetas, dos a Sangre Nueva Zeta y uno al Grupo Sombra. Sobre las dos células restantes, Zetas Vieja Escuela y 35 Z, no hay reportes.

Los 19 “golpes” al CJNG se distribuyeron en Boca del Río, Tlalixcoyan, Tierra Blanca, Misantla, Acayucan, Manlio Fabio Altamirano, Playa Vicente, Córdoba, Fortín, Río Blanco, Cotaxtla y Coatzacoalcos. La mayoría de esos municipios fueron dominados por el CJNG a partir su arribo en 2011, que fue marcado con una de las escenas más sanguinarias en la historia inmediata de Veracruz.

El 20 de septiembre de 2011, 35 cadáveres fueron arrojados frente al monumento de los Voladores de Papantla, en Boca del Río. El acto se lo adjudicó el grupo denominado los “Mata Zetas”, que más tarde dejaría ver su verdadera identidad en diversos crímenes firmados como el CJNG.

Desde ese crimen multitudinario el grupo de “El Mencho” desplazó a Los Zetas como el cartel más poderoso y se expandió por la entidad del Golfo de México que cuenta con 700 metros de litoral, tres aeropuertos, tres puertos de altura, y carreteras que comunican al sur con el norte del país.

7 carteles pelean Veracruz; Gobierno se enfoca en uno

Fue a partir de 2019 cuando la administración de Cuitláhuac García emprendió una afrenta contra esta organización que en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018), respondió a medidas similares con el asesinato de Juan Camilo Castagné Velasco, excoordinador estatal de la Policía Federal.

El primer “golpe” de la SSP, a cargo del regiomontano Hugo Gutiérrez Maldonado, se dio el 05 de enero en Hueyapan de Ocampo, un municipio ubicado al sur de la entidad asediado por el robo de combustibles.

Tres jóvenes ligados al Cartel de Jalisco fueron detenidos en flagrancia en la localidad de Cuatotolapan, mientras se desplazaban a bordo de un vehículo marca Volkswagen, tipo Jetta, modelo 2018 el cual tenía reporte de robo con fecha del 27 de diciembre de 2018.

Los arrestados en el operativo fueron Kevin “N” de 18 años; Julio César “N” de 22 y Moisés “N” de 25; además se decomisaron dos armas largas sin marcas ni matrículas y cada una con un cargador abastecido de 27 cartuchos, calibre 2.23; un arma larga marca Intratec, modelo tec-9, calibre 9 mm, con matrícula 06299 y con un cargador abastecido de 21 cartuchos, calibre 9 mm.

A partir de esa acción, los comunicados destacando con letras negras ataques frontales a la célula delictiva del “Mencho” se volvieron más constantes. Ello desencadenó una serie de enfrenamientos que duró 72 horas y dejó como saldo cinco personas muertas: cuatro civiles ligados al CJNG y un policía estatal.

El segundo grupo más afectado es el cartel de Los Zetas. El hecho más relevante sucedió el 04 de marzo de 2019, con la detención de Alaín López Sánchez, alias “La Liebre”, en el Malecón de Coatzacoalcos. Se trata de uno de los líderes dentro de esa estructura criminal.

La Liebre cumplía dos años prófugo de la justicia y por su detención se ofrecía un millón de pesos como recompensa, ya que además del tráfico de armas y drogas está señalado como el presunto autor intelectual y material del asesinato de una familia en junio de 2017, en Coatzacoalcos, donde perdieron la vida cuatro niños.

A esa acción se suma la captura de Luis “N”, de 18 años de edad, supuesto miembro de Los Zetas. La SSP señaló a este sujeto de la privación de la libertad de dos personas, cometida el 17 de febrero en el municipio de Álamo Temapache.

El 31 de diciembre de 2018, elementos del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (IPAX), repelieron la agresión de sujetos que intentaban cometer un atraco en las vías férreas del municipio de Acultzingo.

El incidente ocurrió en el tramo conocido como la Pera, en el Kilómetro 271, donde los delincuentes a bordo de una moto taxi iniciaron una agresión verbal, para posteriormente realizar disparos a elementos de una patrulla del IPAX.

Estos atracos a trenes han sido atribuidos al grupo Zeta Sangre Nueva, integrado por supuestos lugartenientes de Roberto de los Santos de Jesús alias “El Bukanas”, líder huachicolero y expolicía municipal por quien el gobierno de Veracruz ofrece 5 millones de pesos por noticias sobre su paradero.

El 19 de febrero, fuerzas estatales y federales rescataron en el municipio de Pánuco –al norte de Veracruz- a una persona privada de su libertad y capturaron a uno de los plagiarios, Isaías “N”, de 55 años de edad. También se aseguró una casa de seguridad, donde se incautaron dos AK-47, con seis cargadores y 115 municiones; además de siete municiones para R-15 y equipo táctico.

En el norte del estado el cartel con mayor dominio es el denominado Grupo Sombra, con presencia en los municipios de Tuxpan, Poza Rica, Papantla, Coatzintla y Tihuatlán, quienes, en vísperas de navidad repartieron en vehículos cenas y bebidas en colonias del norte del estado. “Estas cenas fueron auspiciada por Fuerzas Especiales Grupo Sombra, Felices Fiestas” se leía en cartulinas.

Los 19 golpes al CJNG

1.-Hueyapan de Ocampo: detención de tres jóvenes con armamento y vehículos: El 5 de enero de 2019 se registra la detención de Kevin “N” de 18 años; Julio César “N” de 22 y Moisés “N” de 25 en la localidad de Cuatotolapan; se les decomisaron dos armas largas sin marcas ni matrículas y cada una con un cargador abastecido de 27 cartuchos, calibre 2.23; un arma larga marca Intratec, modelo tec-9, calibre 9 mm, con matrícula 06299 y con un cargador abastecido de 21 cartuchos, calibre 9 mm.

2.-Tlalixcoyan: Desmantela SSP predio del CJNG: El 16 de marzo de 2019 se registra aseguramiento de un rancho, además de equipo táctico y siete vehículos: tres Volkswagen, tipo Passat, Gol y Jetta Clásico, placas YAN-912A, YED-576A y YKL-88-75, respectivamente; dos camionetas RAM, tipo 4000 y 2500, placas XH9-342A y VP-66-003; una Ford Super Duty, XT-36-543, y una Mazda CX-7, WPN-76-07.

3.-Boca del Río: Aseguran casa de seguridad y rescatan a 2 menores. El 16 de marzo de 2019 se registra aseguramiento de casa y liberación de dos jóvenes, además de vehículos blindados, dos armas cortas y una larga, tres cargadores, cartuchos útiles de distintos calibres, equipo táctico y lonas con las siglas CJNG.

4.-Tlalixcoyan: Desmantelan casa de seguridad y abaten a cuatro del CJNG. El 15 de marzo de 2019 se registra el decomiso de una casa de seguridad en el rancho llamado Isla de los Pajaritos, en la comunidad de Otapa. Esta diligencia, tuvo como saldo el abatimiento de cuatro presuntos integrantes del CJNG.

5.-Tierra Blanca: Aseguran campamento del CJNG con armas y vehículos. El 13 de marzo de 2019 se registra aseguramiento de un campamento en el rancho “La Chincheta”, además de tres armas largas, un arma corta, un chaleco balístico, un casco táctico tipo Kevlar, una granada de fragmentación; una Toyota tipo Hilux, placas T97-ATW; otra, Nissan tipo NP300 Frontier, placas XV74-658; y una motocicleta Italika.

6.-Misantla: Abaten a 3 integrantes del CJNG. El 12 de marzo de 2019 se registra el abatimiento de tres presuntos integrantes del CJNG; Por estos hechos fueron aseguradas una construcción de madera, tres vehículos, y armamento y equipo táctico.

7.-Acayucan: Detienen a dos integrantes del CJNG; recuperan cuatro vehículos. El 20 de febrero de 2019 se registra detención de Luis “N” de 18 años y Héctor “N” de 33; les aseguraron un arma M-1, calibre 30 mm, un cargador sin cartuchos, cinco cascos balísticos, cuatro chalecos tácticos, dos gorras, una camisola y un pantalón con las iniciales “CJNG".

8.-Tlalixcoyan: Localiza Fuerza Civil dos casas de seguridad. El 20 de febrero de 2019 se registra el aseguramiento de dos casas de seguridad en la localidad de Las Mesillas; además tres pasamontañas, un portafusil, dos coipas, un chaleco táctico, un par de botas tácticas, un cargador de R-15, siete camas, cuatro refrigeradores, cuatro aires acondicionados, 27 tanques de gas, entre otros equipos.

9.-Tierra Blanca: Detienen a dos presuntos integrantes del CJNG. El 7 de febrero de 2019 se registra detención de Alejandro "N", de 22 años de edad y Cornelio "N", en un camino de terracería del tramo Mata de Caña-Paso del Tigre; la autoridad decomisó un vehículo marca Honda, tipo CRV, color blanco, cinco armas largas R-15, tres AK-47, un rifle de cacería calibre 22 mm, una escopeta de 16 mm; 450 cartuchos de 5.56 mm, 430 de 7.62x39 y 35 de 12 mm, así como 28 cargadores abastecidos con 35 cartuchos calibre 5.56, 21 con 35 cartuchos 7.62x39 y dos con 50 cartuchos 7.62x39.

10.-Tierra Blanca: Desmantela SSP bodega de presuntos integrantes del CJNG. El 6 de febrero de 2019 se registra el desmantelamiento de una bodega donde se aseguraron abarrotes, refrigeradores, mobiliario de oficina, llantas y equipamiento táctico: ocho playeras negras tipo Polo, 11 gorras con las iniciales CJNG, seis pecheras negras con porta cargadores, cinco chalecos tácticos, tres pantalones de gendarmería, tres cascos Kevlar, dos pares de botas, un pasamontaña, una funda de pistola y un par de esposas.

11.-Tlalixcoyan: Recupera SSP 9 vehículos; cuatro del CJNG. El 6 de febrero de 2019 se registra el aseguramiento de cuatro vehículos: Jeep negra, placas XZR-733A; un Ford Focus azul cielo, placas E20-ADV; un Volkswagen Jetta Clásico gris, placas YJW-9971; y un Nissan March blanco, placas L79-ARA. En cada vehículo hallaron indumentaria con las insignias CJNG y cartuchos calibre 5.56.

12.-Manlio Fabio Altamirano: Detienen a dos por delitos contra la salud. El 02 de febrero de 2019 se registra la detención de Gabriel “N” de 27 años y a su acompañante Jesús “N” de 26, quienes tripulaban un vehículo con número económico 6999, con placas 262-2XDB de Veracruz, marca Nissan, tipo Tsuru. Dentro del automotor, se encontraron 11 dosis de lo que parece ser cocaína, tres de lo que parece ser cristal y una pipa.

13.-Playa Vicente: Rescatan a dos personas secuestradas por CJNG. El 31 de enero la SSP rescató a dos personas privadas ilegalmente de su libertad por presuntos integrantes del CJNG. Dos efectivos resultaron heridos; asimismo, fue lesionada la víctima. En el lugar de los hechos rescataron a una segunda víctima y además se encontraron los cuerpos de dos personas que también habían sido secuestradas y que fueron ultimados por los delincuentes.

14.-Córdoba: Captura Fuerza Civil a dos presuntos integrantes del CJNG. La Fuerza Civil detuvo el 30 de enero a dos presuntos integrantes del CJNG durante una inspección preventiva a un automóvil. Los efectivos aseguraron una mochila tipo mariconera con unas 50 dosis de cristal y cocaína y detuvieron a Rigoberto, alias “Rigo”, de 32 años; y de Óscar, alias “Coyote”, de 39 años.

15.-Río Blanco: Detienen a tres con armas, uno de ellos implicado en asesinato de Valeria Cruz. El 20 de enero de 2019 se registra detención de Rodrigo “N”, de 21; y Efraín “N”, de 35 y Diego “N”, de 27 años de edad, este último señalado como cómplice en el asesinato de Valeria Cruz Medel, hija de la diputada federal de Morena, Carmen Medel.

16-Fortín: Abaten a dos miembros del CJNG. El 16 de enero fueron abatidos dos presuntos integrantes del Cártel de Jalisco en la carretera federal Fortín-Huatusco, tras privar de la libertad de una persona. Al acudir los elementos estatales fueron agredidos con armas de fuego, repeliendo la agresión. Las fuerzas policiales aseguraron dos camionetas; un auto tipo sedán y dos armas de fuego.

17.-Cotaxtla: Desmantela operativo por la paz casa de seguridad. El pasado 14 de enero en la cabecera municipal de Cotaxtla, fueron capturados Adolfo “N”, de 45 años; Braulio “N”, de 42; y Jesús “N”, de 38; además fueron confiscados dos fúsiles AR-15, un fusil AK-47, 14 cargadores para R-15 y uno de AK-47; 387 cartuchos útiles y tres chalecos tácticos con la leyenda “CJNG”.

18.- Detienen a presunto jefe de estacas del CJNG en Coatzacoalcos. El 14 de enero los elementos de la SSP capturaron a Isaac Ernesto “N”, alias “Espagueti”, presunto Jefe de Estacas, en Coatzacoalcos, bajo las órdenes del CJNG, asegurando un vehículo con reporte de robo y 45 dosis de droga, al parecer cristal.

19.-Coatzacoalcos: Detienen a presunto líder del CJNG y subordinado. El 14 de enero se registra la detención de Alberto Alejandro “N”, alias “El Fresa” o “El Trece”, presunto segundo al mando de la plaza de Coatzacoalcos de dicha organización delictiva y subordinado a Alexis “N”, alias “El 09” o “Sádico”. Durante su captura fueron aseguradas cinco armas largas y tres cortas, cuatro granadas de fragmentación, 17 cargadores para arma larga y dos para arma corta, 300 cartuchos calibre 5.56 milímetros, 90 cartuchos calibre .357, 70 cartuchos calibre 9 mm y 14 calibre 22.

Fuente: http://www.e-veracruz.mx

Dorheny García Cayetano es una de las principales aliadas legislativas del gobernador de Veracruz Cuitlahuac García. Acompañó al actual mandatario estatal en toda la operación política que devino en el triunfo de Morena en la cuarta entidad más poblada del país.

En conversación con LPO, analiza la delicada situación de la seguridad en la entidad y advierte sobre el desafío de convivir con un fiscal general designado por el anterior gobierno de corte panista.

¿Hasta que punto se ha complicado la situación financiera de Veracruz?

El estado en que nos dejaron las dos administraciones pasadas fue un completo desastre particularmente en el tema financiero. Sin embargo, indudablemente que nos sirve la política de austeridad, elminar el gasto corriente como se hacía antes y no tener los viejos hábitos de la política tradicional. 

Por otro lado, tenemos el gran ejemplo, tanto del Ejecutivo federal como del Ejecutivo federal, de cómo se comportan los titulares de las secretarías. Tenemos funcionarios que se quedan trabajando hasta las 2 de la mañana; políticas que antes no sucedían. Es un cambio de paradigma.

¿El PAN sigue siendo el gran contrapeso al gobierno de Morena en el Estado?

Realmente muchos de los alcaldes saben y están concientes que en Veracruz el tema de los colores ha sido superado. Hay municipios del PRD o del panismo que no son de Morena, de hecho nuestro partido solo tiene 17 de 212, y se les ha apoyado en la mayor de nuestras capacidades.

Lo que sí creo es que pese a que hay algunos que siguen en este golpeteo, hay casos preocupantes como el caso de una Fiscalía General ( N. de R: a cargo de Jorge Winckler) que no investiga. Uno puede coordinar muy bien sus Fuerzas Armadas o la persecución, pero cuando se llega a la investigación, no sirve nada si aquí los agarras y allá los sueltas.

¿Entonces el fiscal general Winckler es un factor de desestabilización?

Si. Como ejemplo, no se han catalogado como feminicidios varios de los delitos cometidos a mujeres, cuando esta gente está más preocupada por las declaraciones del secretario de Gobierno que de lo propio. Se inician carpetas de investigación pero no se concluyen.

¿Se impulsarán a nivel federal investigaciones contra el entorno de Yunes?

Puede ser factible, pero también esta administración no se ha caracterizado por hacer una cacería de brujas. Nos interesa sacar la gubernabilidad y temas más urgentes; eso no quiere decir que no tenga carpetas abiertas. Las hay por temas de lavado de dinero entre otros. No lo descartamos pero tampoco es la línea de este gobierno.

¿La Guardia Nacional puede ser la respuesta de una mejora en el complicado panorama de Veracruz?

Si. Dejaron nuestro estado quebrado y nuestras fuerzas policiacas requieren de equipamiento yentrenamiento. El tema de reforzar la seguridad era muy necesario, los estados estaban urgidos y nos urgieron a aprobar la Guardia.

Había ciertas preocupaciones, pero lo cierto es que muchos no conocen la realidad de todo el estado. Yo he recorrido los 212 municipios y se la realidad. Si yo no lo hubiera hecho, en varios sitios pareciera que no pasa nada, por eso es importante conocer donde estás y los puntos estratégicos que se debe reforzar.

¿Es sostenible en el mediano plazo esta situación de que no se procese a figuras del régimen anterior que a veces son señaladas por AMLO?

Yo a largo plazo no creo. Nos pasó en Veracruz con Duarte: integraron mal la investigación y es probable que salga en menos de 9 años. Después de ese despilfarro, ¿De qué nos sirve que esté en la cárcel? El tema no es que estén encerrado, sino que paguen por lo que se llevaron.

Aquí el tema es el cómo vamos a rescatar las finanzas y al estado mexicano. Es una crisis no sólo económica, sino de valores. Gente dice como Duarte: "me voy a robar 20 mil millones de pesos". No les sirve de nada más que para afectar al mismo sistema. Pero como nunca se había castigado, la gente sentía la confianza de seguir robando.

 

Información de www.lapoliticaonline.com.mx

Este domingo, Cuitláhuac García cumplirá sus primeros 100 días al frente de la administración estatal y a diferencia de su mentor, el presidente Andrés Manuel López Obrador que tendrá mucho que informar, el alumno veracruzano nada tiene que decir. Ni una escuela en construcción (vamos, ni un aula siquiera), ni una carretera, ni un hospital regional, ni un mercado. Nada.

Nunca que se sepa, un gobernador de Veracruz había estado en parálisis casi total sus primeros 100 días de gobierno. Por el contrario, todos (a excepción de Cuitláhuac), llegaron como caballos briosos y a los tres meses ya habían inaugurado al menos un camino rural.

Con Cuitláhuac no ha pasado nada porque no ha hecho nada. No hay un proyecto empresarial, ni de inversión o un proyecto turístico. No hay fuentes de empleo, tampoco un plan para inhibir la deserción escolar, o uno para abastecer de medicinas a los hospitales regionales y menos otro para rehabilitarlos.

No hay nada.

Lo único que hay son descalificaciones a los gobiernos anteriores que ya nos sabemos de memoria. Pero nada, ni media palabra, sobre un plan para sacar a Veracruz del atascadero.

Gran parte de esos 100 días Cuitláhuac García se la pasó en pleito con el fiscal general Jorge Winckler; pleito al que se unieron el secretario de Gobierno Eric Patrocinio Cisneros y los diputados de Morena. Y no pudieron tumbarlo.

Si esto dejó en ridículo a Eric y a los legisladores es lo de menos. Lo sustantivo es que dejó muy mal parado y desgastado al gobernador que parece no darse cuenta, porque sigue embroncado con el fiscal en lugar de coordinarse entre ambos para bajar los índices de inseguridad.

Sí sí sí, de sobra se sabe que Winckler es más yunista que Miguel Ángel Yunes; pero es el fiscal y mientras no lo destituyan, lo menos que debe hacer el gobernador es pactar una tregua y tratar de solucionar juntos la pandemia de la violencia.

Y es que no puede ser que en apenas 100 días la entidad sea más violenta que con Yunes y Duarte.

Si a esto le agregamos los cientos de burócratas despedidos, el descarado y cínico nepotismo de algunos funcionarios públicos, el cierre de empresas, la cancelación de programas asistenciales, el desamparo en que sobreviven los que menos tienen, la brutal deuda estatal y otras barbaridades, ¿qué le espera a Veracruz?

Elías Moreno Brizuela que ya fue legislador, se ha postulado para casi todo puesto de elección popular y ahora capitanea el Frente por la Cuarta Transformación, dijo que esos temas debe tratarlos Cuitláhuac García en sus primeros 100 días de gobierno.

Agregó que una de las iniciativas que propone el Frente que encabeza, es la revocación del mandato tanto del gobernador como de los alcaldes porque “si el pueblo los pone, tiene derecho a quitarlos”.

No creo que prospere la revocación del mandato de Cuitláhuac, pero con más de 50 feminicidios en 100 días, con ejecuciones un día sí y otro también lo mismo que secuestros, robos y asaltos, con una ciudadanía indefensa, frustrada y colérica, Veracruz podría estar muy cercano al estallido social.

El linchamiento y atroz incineración de seis presuntos secuestradores en Soledad de Atzompa fue un aviso que no debe soslayarse.

El problema es que el señor gobernador anda en otro canal y no parece darse cuenta.

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