Xalapa, Ver. – Quince días antes de ser acribillado, Jorge Ruiz Vázquez fue citado en la redacción de su periódico, el Gráfico de Xalapa. Por segunda vez su jefe le insistió aceptar un “pago” del alcalde Paulino Domínguez y a cambio desistir de su denuncia por agresiones y amenazas de muerte en su contra, de al menos cinco funcionarios del Ayuntamiento de Actopan, incluido el munícipe panista. 

De acuerdo con información que obra en la carpeta de investigación UIPJ/DXI9°/4659/2019 -a la cual E-Consulta Veracruz  tuvo acceso- Jorge Ruiz se reunió aquella ocasión con su jefe, José Luis Poceros, en las oficinas del medio impreso, ubicadas en la calle Úrsulo Galván, número 31, en la ciudad de Xalapa. 

“Debes desistirte de las denuncias y dejar de publicar contra el alcalde de Actopan”, le habría instruido el empresario al décimo cuarto periodista asesinado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

El presidente José Paulino Domínguez Sánchez había ofrecido a José Luis Poceros -a través de un emisario- la cantidad de 10 mil pesos por daños materiales derivados de dos agresiones contra Ruiz Vázquez, en el centro de Actopan y en su vivienda, cometidas el 24 de octubre y el 17 de noviembre de 2018, respectivamente. 

"¿Por qué Paulino Domínguez le ofrecía a Celestino una reparación del daño de dos vehículos (que fueron baleados) cuando todavía no habían concluido las investigaciones sobre las responsabilidades por estas agresiones?", cuestiona Jorge Morales Vázquez, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (Ceapp). 

Con base en la carpeta de investigación 114/2018, radicada en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en Delitos contra la libertad de Expresión, el primer hecho violento contra Ruiz Vázquez se registró el 24 de octubre de 2018. El auto del comunicador modelo Tsuru fue impactado por personas desconocidas con bates, en el primer cuadro del municipio de Actopan. 

Posteriormente, el 17 de noviembre de 2018, personas armadas cometieron un segundo atentado en la casa del comunicador, ubicado en la comunidad La Bocanita. Esta ocasión fue rafagueda la fachada de su vivienda, así como los parabrisas de dos vehículos.

Por el presunto “pago” que buscaba frenar las denuncias por estos dos hechos, el director del Gráfico de Xalapa, José Luis Poceros, recibió un citatorio este 6 de agosto para comparecer ante la Fiscalía General del Estado (FGE) e informar -en calidad de testigo- la identidad del emisario del alcalde panista, quien también buscaba, bloquear las publicaciones del reportero veracruzano sobre probables desvíos de recursos en la administración municipal. 

Un día antes, Rafael Poceros Luna, gerente de El Gráfico de Xalapa, exigió ante medios nacionales justicia por el crimen de su colaborador, sin embargo, la respuesta del medio fue contrastante tras el requerimiento de la fiscalía, pues hicieron caso omiso del citatorio. 

“Me resulta extraño e indignante la postura de José Luis Poceros. Hoy se dicen mártires de la corrupción, pero no ayudan a esclarecer el crimen de Celestino. Su actitud lo convierte en cómplice”, sostiene Jorge Morales para E-Consulta Veracruz. 

La insistencia de silenciar a Celestino Ruiz 

La primera vez que Celestino Ruiz fue citado por José Luis Poceros en las oficinas del diario impreso fue a inicios de junio de 2019. Aquella ocasión el directivo le indicó que el alcalde de Actopan había enviado a un emisario para ofrecerle 10 mil pesos como reparación de daños materiales por las dos agresiones en su contra, que a la fecha permanecen impunes. El reportero se negó. 

“Yo le dije oye ¿y te dijo Poceros quién es esta persona? Le dije que era importante que Poceros compareciera para que dijera quién era el emisario del presidente municipal. Celestino me dijo que iba a hablarlo con su jefe, para saber si tenía ánimos de apoyarlo”, explica Jorge Morales.   

El 19 de junio, empleados de la Ceapp acudieron a Actopan para solicitar audiencia con el alcalde Paulino Domínguez y le entregaron por escrito a su secretario particular una solicitud de informe sobre las agresiones contra Ruiz Vázquez.

“El secretario nos dijo que el alcalde no estaba en ese momento, pero que le iba a comentar que nosotros teníamos interés de tener una reunión con él. La verdad es que el alcalde nunca nos recibió. Es el único presidente que no nos ha querido recibir, de decenas de alcaldes con los que hemos tenido trato por problemas con más compañeros”, abunda Morales Vázquez. 

Días después, Paulino Domínguez, respondió de manera escueta el requerimiento de la Ceapp y se limitó a referir que desconocía por completo el tema de la denunciainterpuesta por Celestino Ruiz, donde señala al propio alcalde y al menos a otros cuatro funcionarios municipales de agresiones y amenazas. 

La respuesta asentada en el informe del Ayuntamiento de Actopan, del cual E-Consulta Veracruz posee una copia, contrasta con lo referido por el munícipe de extracción panista, el 3 de agosto en una entrevista para El Universal. 

Sobre los señalamientos en la carpeta de investigación 114/2018, dijo "En ese momento di instrucciones para que las personas señaladas se presentaran a aclarar los hechos ante la Fiscalía General del Estado y coadyuvaran con el esclarecimiento de los mismos”. 

Y agregó, "Nunca en el gobierno que presido se ha coartado la libertad de expresión ni se ha agredido o atentado contra algún comunicador (…) Frente a este trágico suceso, nos sumamos, respetuosamente, al sentir del señor gobernador Cuitláhuac García Jiménez, exigiendo que se esclarezcan los hechos y se lleve ante la justicia a los responsables de tan cobarde atentado”. 

A estas declaraciones, Jorge Morales Vázquez respondió: “El alcalde no está siendo sincero. Ahora dice que es una persona respetuosa de la libertad de expresión, pero su postura contrasta con la propuesta para que Celestino se desistiera de las denuncias contra él. Hay indicios de contracciones”. 

El funcionario estatal confirmó que tanto él, como empleados de la Ceapp y familiares de la víctima aportarán declaraciones como testigos ante la Fiscalía de Veracruz. “Nosotros contamos con registros en investigaciones realizadas por la Ceapp que entregaremos a la autoridad y que involucran al menos a cinco servidores públicos del municipio de Actopan”, dijo. 

En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Casarín, no descartó la posibilidad de separar del cargo a José Paulino Domínguez, en caso de que así lo solicite el fiscal general, Jorge Winckler Ortiz, mientras se investigan las denuncias por agresiones, amenazas y homicidio doloso.

Fuente: http://www.e-veracruz.mx

Iowa, Estados Unidos.- Una enfermera escolar de entonces 46 años tuvo relaciones sexuales con un adolescente de 16 años y luego le contó a todos sus colegas. Angela Beik, ahora de 47 años, fue arrestada y será encarcelada por 180 días por explotar sexualmente al jovencito que conoció en la Preparatoria Linn-Mar en Marion, Iowa.

Ciudad de México.-  De acuerdo a lo informado por el analista político, Salvador García en su columna publicada en la edición del 9 de julio de El Universal, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto se encontraría junto con su novia Tania Ruiz ¿refugiado? en España, donde se dice pasaría un largo tiempo esperando a que se calmen las aguas entorno a los señalamientos de Emilio Lozoya Austin.

Hay que recordar que Lozoya Autin se desempeñó como director General de Pemex en el sexenio de Peña Nieto y que el pasado 22 de mayo la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó  por un periodo de 10 años y una multa económica de 620 millones de pesos como resultado de un procedimiento de responsabilidades administrativas en donde se detectó que se falseó la declaración patrimonial.

Cinco días después, el 27 de mayo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ‘congeló’ las cuentas de Lozoya Austin, así como de Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), este último detenido en España  por elementos de la Interpol, luego de que el gobierno mexicano solicitó una ficha en su contra por su presunto vínculo al caso de corrupción de Odebrecht y fue liberado 2 meses después al pagar una fianza de un millón de euros.

El 28 de mayo la Fiscalía General de la República liberó una orden de aprehensión contra el ex funcionario de Pemex, aunque el fiscal General, Alejandro Gertz aclaró que ésta, no tiene nada que ver con el caso Odebrecht, sino con los delitos de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal, que presuntamente fueron cometidos por Lozoya.

Sin embargo, a pesar de ésta y otras ordenes, Lozoya Austin aún no ha podido ser detenido, debido a los amparos que ha conseguido y a que según su propio abogado, el exfuncionario no se encuentra en México.

Conforme las investigaciones de la Fiscalía General de la República han avanzado, se han descubierto varias anomalías que involucran a la familia de Emilio Lozoya, a tal grado que a principios del mes de julio, fueron giradas 4 ordenes de aprehensión en contra del exdirector de Pemex, su esposa, su madre y su hermana por su probable participación en el delito de lavado de dinero  del caso Odebrecht.

Ante esta situación, el abogado defensor de Lozoya se dijo sorprendido  pues afirmó que ellas nunca fueron mencionadas dentro de la investigación contra su cliente, por lo que tramitó los respectivos amparos, al tiempo de mencionar que en todo caso también tendrían que ser llamados a declarar el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, pues ellos sí estarían implicados en el caso, toda ves que formaban parte del Consejo Administrativo de Pemex, el cual era encabezado por el entonces secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell.

Tal como lo marca la Ley Orgánica de Pemex, las decisiones de compra y venta de bienes, así como la asignación de contratos es otorgada bajo el consenso del Consejo en su conjunto, por lo que el Director General de la compañía es el encargado únicamente de ejecutar los acuerdos ahí establecidos.

Otro personaje que también podría estar implicado de manera indirecta en el desfalco a Pemex es el el líder del Sindicato Petrolero, Carlos Romero Deschamps, quien fue cómplice de todas los tropelías cometidas al interior de la empresa y también podría ser investigado por la Fiscalía.

Cabe mencionar que ayer fue detenido en la Ciudad de México el abogado Juan Collado Mocelo cuando comía con uno de sus principales clientes, Carlos Romero Deschamps; esto en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Collado Mocelo es un jurista reconocido en México, principalmente por haber sido defensor de personajes  como el expresidente Carlos Salinas de Gortari, así como del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid,  del empresario Carlos Ahumada y actualmente de Enrique Peña Nieto.

Es evidente que las cosas no pintan bien para los exfuncionarios peñistas y pronto podrían salir a la luz los nombres de más implicados, por ello, el ex mandatario habría tomado la decisión de huir de México antes de que sea demasiado tarde y lo mismo habría hecho el también expresidente Carlos Salinas de Gortari, esto luego de que el diario Reforma publicara que estos dos personasjes serían los “verdaderos propietarios” de Caja Libertad y Servicios Financieros,según lo declarado por el empresario que presentó la denuncia que llevó al arresto del abogado Juan Ramón Collado Mocelo.

Se especula que Collado Mocelo está involucrado en la simulación de la venta de un terreno de aproximadamente tres mil 877 metros cuadrados que vendió Operadora de Inmuebles de Centro a Caja Libertad y Servicios Financieros, del que llegó a ser presidente del Consejo de Administración.

Fuente: http://www.noreste.net

Xalapa, Ver.- Debido a la poca creencia en el trabajo del Fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz dentro de la procuración de justicia, el secretario de Educación, Zenyazen Roberto Escobar García, ha promovido dos amparos por la existencia de carpetas de investigación que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene en su contra.

En entrevista durante la firma de convenio entre la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y el Instituto de Ecología (INECOL), para fortalecer acciones de cultura científica, tecnológica y ambiental, el funcionario estatal afirmó que el fiscal general no realiza su labor, únicamente responde a los intereses del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

En este sentido, dijo que a pesar de que Yunes Linares ya no es gobernador del Estado, este sigue teniendo intereses políticos en Veracruz, por lo que Winckler Ortiz es un trabajador que sigue a su servicio y no podría estar esperando algo bueno de él.

“Hay una carpeta de investigación en la que se me estaba mandando a llamar y en ese sentido va mi amparo, es un derecho constitucional que tengo, como todo ciudadano, y que yo no confío en la instancia que tiene la Fiscalía General del Estado; sabemos que actúa a nombre de una familia y por eso un servidor decidió ampararse”.

Fuente: http://www.noreste.net