Boletines Generales

Boletines Generales (1215)

Xalapa, Ver.-A lo largo de 2019, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan)destinará 4 mil 319 millones de pesos para cubrir la deuda bancaria que fue heredada por la administración de Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018). Sin embargo, en el ajuste al presupuesto que se entregó al Congreso local, no se incluyó el pago de los créditos contratados por el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, a finales del 2018.

De acuerdo con el proyecto con Propuesta de Ajuste al Decreto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019, el monto programado para el pago de deuda queda en 4 mil 740 millones de pesos, la misma proyección del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

A pesar de que se dieron 90 días para reprogramar el gasto y ajustar la proyección financiera de este 2019, el titular de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, no programó los nuevos créditos, lo que representa un riesgo, y según un especialista, “se podría usar la licuadora” para cumplir con los pagos.

El economista Rafael Arias Hernández alertó del riesgo, pues Sefiplan debe cumplir con la obligación legal de liquidar el adeudo antes de que concluya el año, como lo marca la ley de Disciplina Financiera.

“La sociedad votó por un cambio, ya no queremos más de lo mismo. Los veracruzanos exigen mayor transparencia y una política financiera efectiva y eficiente. No más licuadoras, ni aspiradoras”, opinó para E-Consulta Veracruz.

El 05 de febrero el Gobierno del Estado registró ante Hacienda Federal la contratación de créditos quirografarios por hasta 4 mil 500 millones de pesos. De ese total, se contrataron 2 mil 500 millones con Banorte para el pago de prestaciones de fin de año.

[relativa]

El 16 de febrero el economista de la Universidad Veracruzana (UV)Hilario Barcelata, opinó que la tasa de interés a la que se contrató el crédito quirografario del Gobierno del Estado obligará al pago de 560 millones de pesos adicionales, por concepto de interés.

La tasa de interés del 12.8 por ciento y la sobretasa del 1.75 por ciento es de las más altas en el mercado, lo que obligará a Sefiplan a pagar 182 millones de pesos adicionales, a lo que se cubre por la reestructuración de la deuda pública.

El economista mencionó: “El actual gobierno contrató un crédito 4 puntos porcentuales más caro que los créditos reestructurados por la administración del ex gobernador Yunes Linares”.

La ley de Disciplina Financiera, en su artículo 25, obliga a los gobiernos a contratar los financiamientos y obligaciones bajo las mejores condiciones del mercado, que para el mes de diciembre manejaban una tasa de interés de 8.56 por ciento.

En ese sentido, tanto la Contraloría interna de Sefiplan, como la Contraloría General del Estado, deben investigar porqué se contrató el préstamo en esas condiciones, pues el pagar una tasa de interés mayor es motivo de una sanción administrativa.

Cómo se gastarán los 4 mmdp

De los 4 mil 740 millones de pesos para el pago de la deuda pública que heredaron las últimas cuatro administraciones, solo siete de cada 100 pesos abonan a capital, el resto -93 pesos- se destinan al pago de interés y servicios de los créditos recontratados por la administración de Miguel Ángel Yunes.

El proyecto de presupuesto que remitió Yunes Linares al Congreso, que no fue modificado por Sefiplan -a pesar del periodo de gracia que concedió el Congreso para su ajuste-, establece que, con la reestructuración de la deuda, se descontarán 375 millones 957 mil pesos al monto de los préstamos.

Aumenta el interés a pagar -en relación con lo que se destinó para ese concepto en el 2018-, el monto es de 4 mil 319 millones de pesos y 45 millones 288 mil pesos se etiquetaron por concepto de gastos de la deuda.

 

Fuente: http://www.e-veracruz.mx

La Comisión Federal de Electricidad perdió durante el año pasado 30 mil millones de pesos, esto debido al robo de energía que hacen en comercios pequeños y empresas más grandes.

El director general de la CFE, Manuel Barlett, expresó que este tipo de robo es un tema muy delicado para la compañía y que los negocios que realizan este delito son negocios como tortillerías y taquerías, pero también grandes empresas como hoteles e industrias.

Por otro lado, el director de Finanzas de la empresa, José Antonio Rojas, explicó que las pérdidas técnicas son similares a las del robo, por lo que el monto total de pérdidas es de 60 mil millones de pesos.

Manuel Barlett afirmó en conferencia de prensa que se tenía conocimiento de que empresas realizaban este ilícito y que se tomarán medidas al respecto para que las empresas paguen justamente.

Con información de La Silla Rota

Viernes, 22 Febrero 2019 21:34

Gana Winkler a los Morenos

Escrito por

Xalapa, Ver.- A pesar de no alcanzar los 34 votos para que procediera alguno de los dos juicios políticos en contra del fiscal, Jorge Winckler Ortiz, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, dijo que con esto ganaba la democracia y se demostraba que no se gasta el recurso de los veracruzanos en la compra de decisiones.

Entrevistado a su salida de la votación en donde mostraba ligero enojo, dijo sentirse contento del trabajo de los legisladores, manifestando que seguirán buscando que en Veracruz se elimine la corrupción y prueba de ello fue que no hubo ningún recurso para comprar los votos.

Yo les dije desde un principio, de ahora en adelante la legislatura no va a ocupar dinero para malgastarlo y estar comprando las decisiones de los diputados, no vamos a comprar ningún diputado, si los juicios son votados a favor o en contra es decisión de los diputados, nosotros vamos a respetar la decisión de cada diputado”.

Finalmente, Cuestionado sobre si quedaba en vergüenza el partido de Morena, por no haber podido ganar estos juicios, dijo que eso no pasará, ya que, insistió, esto demuestra que el cambio en el Congreso existe y no se estarán comprando decisiones.

 

Información de http://www.noreste.net

Veracruz.- El gobierno del estado que encabeza Cuitláhuac García Jiménez formuló la primer denuncia por corrupción detectada en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.

Durante el proceso de entrega recepción del gobierno del estado de Veracruz en noviembre pasado, se habría descubierto que el ex titular de la unidad administrativa de la Secretaría de Desarrollo Social firmó por lo menos 81 contratos después de haber terminado sus funciones.

Cabe recordar, que uno de los compromisos del gobernador García Jiménez fue el de combatir frontalmente la corrupción, de ahí que ahora se proceda para esclarecer este presunto tráfico de influencias.

Los cálculos realizados por Guillermo Fernández Sánchez, actual titular de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado, especulan que las acciones de la exfuncionaria pueden haber significado un daño patrimonial de al menos un millón y medio de pesos.

Este descubrimiento llevó a que Cuitláhuac García acudiera a la Fiscalía General para presentar formalmente una denuncia.

Hasta el momento se descarta que existan nexos entre los actuales funcionarios y el caso de corrupción.

Cuitláhuac García afirmó que confía en que los jueces cumplirán cabalmente con sus funciones y en que se realzarán las labores de inteligencia necesaria para llegar al fondo del caso.

Finalmente, añadió que no se protegerá a nadie si está relacionado con la corrupción y que se continuará investigando y se levantarán las denuncias que sean necesarias para resolver la situación.

 

Fuente: http://www.noreste.net

 

 

Por unanimidad, el Senado de la República aprobó el dictamen para la creación de la Guardia Nacional.

Tras el anuncio de un acuerdo entre los diferentes grupos parlamentarios, los senadores mencionaron que se obtuvieron consensos durante la madrugada de este jueves para realizar la votación en el pleno.

Ahora, la minuta será enviada a la Cámara de Diputados donde se espera que sea analizada y aprobada sin cambios.

Posteriormente tendrá que ser aprobada en al menos 17 congresos locales por tratarse de una reforma constitucional, y posteriormente deberá ponerse en vigor por parte del Ejecutivo al publicarla en el Diario Oficial de la Federación.

"Se reforman los artículos 10; 16, párrafo quinto; 21, párrafo noveno párrafo décimo y su inciso b); 31, fracción III, fracción IV; 36 fracción II; 73, fracción XXIII; 76, fracciones IV y XI, y 89, fracción VII; se adicionan los párrafos décimo primero, décimo segundo y décimo tercero al artículo 21; y se derogan la fracción XV del artículo 73, y la fracción I del artículo 78, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" menciona el decreto de Dictamen de la Guardia Nacional.

Entre las principales modificaciones que se realizaron al dictamen propuesto por el Gobierno Federal, se encuentra el que la institución tendrá un mando civil, respetará el federalismo y tendrá cinco años como tiempo máximo de operación.

"Las instituciones de Seguridad Pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública".

También, la actuación de la Guardia Nacional estará apegada a los compromisos en derechos humanos en materia intencional que ha suscrito México.

 

Fuente: http://www.e-veracruz.mx

Xalapa, Ver. – La familia Ruiz Anitúa, herederos de Valentín Ruiz conocido como el Slim Veracruzano, recibió 12 contratos para la construcción de igual número de ciudades judiciales en Veracruz por 849 millones de pesos.

Francisco y Javier Ruiz Anitúa los han acusado de lavar dinero en paraísos fiscales de Panamá; también se les relaciona a empresas fantasmas que desviaron millones de pesos del erario en Quintana Roo y Veracruz, apoyados por los priistas Roberto Borge y Javier Duarte, ambos encarcelados por delitos de corrupción.

En 2018 los empresarios formalizaron la Asociación Público-Privada Desarrolladora CJI, SAPI, SA. de CV., que integra seis constructoras, lo que les permitió conseguir los contratos para la edificación de las Ciudades Judiciales del Poder Judicial en Veracruz, a cargo del magistrado presidente Edel Álvarez Peña.

El entonces gobernador de VeracruzMiguel Ángel Yunes Linares, fue el factor común entre los empresarios y el titular del Poder Judicial. La unión Yunes Linares-Ruiz Anitúa es añeja, don Valentín Ruiz apoyó las constantes aspiraciones del panista para llegar a la Gubernatura. Ya durante el bienio en el que estuvo al frente del Ejecutivo, el mandatario amplió concesiones y contrató servicios de sus empresas con el Estado, entre ellas “Aerotaxis Tucán SA. de C.V. ”, que forma parte del Consorcio Intra, otra Sociedad de los Ruiz.

Su alianza con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia también es vieja, data de la época en la que Yunes Linares militaba en el PRI. En la actualidad Álvarez Peña facilitó una "limpia" en dicha soberanía, al apoyar una reforma legal a la Constitución, a través de la bancada panista en el Congreso local, lo que dejó 13 magistraturas vacantes-que siguen sin ser ocupadas-, al jubilar a los togados mayores de 75 años.

Irregularidades en la asignación de contratos

La concesión de las ciudades es irregular y podría alcanzar al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez. Licitó la construcción de 20 inmuebles, cuando el Congreso local solo autorizó la edificación -a través de una Asociación Público Privada-, para 17 distritos judiciales.

A la fecha, según el Registro Único de Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), Desarrolladora CJI, SAPI, SA de CV firmó 12 contratos para la edificación de la infraestructura judicial; sin embargo, su acta constitutiva como sociedad mercantil, proyectaba la cimentación de solo cinco.

Los contratos, la autorización y el número de obras asignadas no coincide en número, en cambio todo fue aprobado para la sociedad de los Ruiz Anitúa y entregado en un plazo de apenas 33 días.

Datos del Registro Público de Comercio establecen que la sociedad Desarrolladora CJI., SAPI, SA., de CV., se formalizó el 22 de mayo del año 2018 ante el Notario Público, Rafael de la Huerta Manjarrez.

La sociedad mercantil se integra por las empresas Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V.; Consorcio Integral de Comercio Exterior, S.A.P.I. de C.V.; Construindustrias Comerciales S.A. de C.V.; Concesiones y Promociones RUA, S.A.P.I. de C.V.; Desarrolladora de Caminos, S.A. de C.V. Mexicana; y Constructora y Promotora Malibrán, S.A. de C.V.

El fallo de las licitaciones públicas nacionales de las ciudades judiciales, con número: P/COP/PJE/CJ/SRM/01/2018; LP/COP/PJE/CJ/SRM/02/2018; LP/COP/PJE/CJ/SRM/03/2018 y LP/COP/PJE/CJ/SRM/04/2018, se dio a conocer el 14 de mayo del 2018, ocho días antes de que las empresas registraron la sociedad mercantil.

La constitución del nuevo consorcio quedó registrada con el número 2018001132590018, ahí establece que la APP obtendría el contrato marco que comprende la celebración de cinco contratos individuales de Asociación Público-Privada para la planeación y ejecución de la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de igual número de centros de impartición de justicia del Poder Judicial.

El documento consultado por E-Consulta Veracruz detalla que Desarrolladora CJI, SAPI, SA. de CV cuenta con un Consejo de Administración integrado por: Francisco José Ruiz Anitúa, Presidente; Carlos Francisco Nachón García, Secretario; Alfonso Díaz de Vega Tesorero; y Carlos Nachón Llanos, Javier Antonio Ruiz Anitúa, José Luis Zulueta Alegría y Edmundo Martínez Moreno como vocales.

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Poder Judicial contrajo deuda de 849 mdp para beneficiar a los Ruiz

En el año 2018 el Poder Judicial del Estado de Veracruz, se sumó a la lista de poderes del Estado que ha generado deuda pública por 849 millones 182 mil pesos.

Al igual que el Ejecutivo, dicha soberanía comprometió ingresos por casi tres décadas -hasta el año 2046- para edificar las llamadas ciudades judiciales, infraestructura necesaria para la implementación del nuevo sistema de justicia penal.

El 27 de diciembre del 2017, la mayoría panista de la 64 Legislatura de Veracruz aprobó el Dictamen que autorizaba al Poder Judicial a convocar y contratar, a través de una Asociación Público Privada la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de 17 ciudades judiciales.

La infraestructura se programó para las ciudades de Coatzacoalcos, Orizaba, Poza Rica, Acayucan, Huatusco, Misantla, Papantla, Tantoyuca, Huayacocotla, Chicontepec, Ozuluama, Zongolica, Minatitlán, Martínez de la Torre, Tuxpan, Boca del Río y Tierra Blanca.

En poco más de un mes les asignan los contratos millonarios

La información del Registro Único de Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirma la aprobación de 12 contratos con la Desarrolladora CJI, SAPI, SA de CV.

Durante los meses de noviembre y diciembre del 2018, poco más de 30 días, se estipularon las condiciones de contratación del consorcio, que recibió pagos que van desde los 50 millones 976 mil 502 pesos, hasta los 155 millones 992 mil 70 pesos.

El plazo pactado de la APP es de 300 meses, la fecha de vencimiento de los contratos son los años 2043 y 2046; en más de dos décadas se tendrá que pagar por la construcción y el mantenimiento de la infraestructura.

E-Consulta Veracruz se comunicó con Iresine Calzada, encargada del área de comunicación social del Poder Judicial del Estado, con el objetivo de concretar una entrevista con el Magistrado Presidente, Edel Álvarez Peña para conocer su postura sobre el trabajo de investigación, pero la funcionaria judicial confirmó que estaba fuera.

Recomendó acudir a la próxima sesión del Consejo de la Judicatura para cuestionar al magistrado sobre la asignación de los contratos a la familia Ruiz Anitúa.

Los integrantes del consejo se reúnen con regularidad los días martes, sin embargo, comentó que aún no les confirman si se citará el próximo 26 de febrero; o si los integrantes del órgano colegiado serán convocados hasta el mes de marzo.

Diputados de Yunes aprueban la creación de APP’s

Los diputados locales aprobaron en el 2017 que las Ciudades Judiciales incluirían centros de impartición de justicia, juzgados, salas de juicios orales, centros de mediación y de convivencia familiar, central de actuarios, oficialía de partes común, defensoría de oficio, auditorios, estancias infantiles y administración general.

El monto mensual de las obligaciones, según el dictamen, no podrá superar el pago mensual de los 13 millones 217 mil 245 pesos, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El monto final supera los 5 mil millones de pesos.

El 14 de mayo del 2018 el Poder Judicial emitió el boletín número 64, en el que se dio a conocer la notificación del fallo de los concursos para la construcción de 20 Ciudades Judiciales, pese a que el Congreso solo validó 17.

Se edificarán en los municipios de Orizaba, Tantoyuca, Huayacocotla, Martínez de la Torre, Ciudad Mendoza, Coatzacoalcos, Tuxpan, Pueblo Viejo, Zongolica, Poza Rica, Minatitlán, Chicontepec, Tierra Blanca, Boca del Rio, Ozuluama, Álamo, Papantla, Misantla, Isla y Las Choapas.

Fuente: http://www.e-veracruz.mx

En un oficio dirigido al presidente del Congreso del Estado de Veracruz, Cirilo Herrera Villagómez solicitó el desafuero y renuncia del diputado local Magdaleno Rosales Torres.

En entrevista para una radiodifusora local, Cirilio Herrera dijo que la solicitud la presentó en la fiscalía de Veracruz y aparte la entregó a la mayoría de los diputados.

Asimismo, negó que tenga un transfondo político, luego de que el diputado Magdaleno ha hecho críticas contra el secretario de gobierno y el presidente de la junta de coordinación política, Juan Javier Gómez Cazarín.

Según el oficio que entregó al Congreso, la petición de Cirilo Herrera indica que fue interceptado por sujetos armados que presuntamente fueron mandados por Magdaleno Rosales Patraca, padre del diputado local por el distrito XVII Medellín.

En el documento, con atención a todos los legisladores locales, Cirilo Herrera señala que es posesionario de un predio dividido en 180 lotes, en el municipio de Manlio Fabio Altamirano, para darlos a personas que no tienen donde construir una vivienda, y acusa que en el año 2017 los terrenos fueron invadidos por un grupo de personas encabezadas por Sofía Rafael Luis, Magdaleno Rosales Patraca (quien era regidor único de Manlio Fabio) y Artemio Zurita Fernández, por lo que se inició una carpeta de investigación ante la Fiscalía General del Estado.

Indicó que el asunto se encuentra con el juez de conocimiento adscrito al juzgado de proceso y procedimiento penal oral.

Añade que el juez los encontró culpables y les dictó una sentencia en la cual alcanzan fianza, pagar una multa, reparación del daño y que entreguen de manera voluntaria los lotes a sus legítimos dueños; y abunda que apelaron la sentencia.

En la solicitud de desafuero, Herrera Villagómez señala que el martes 12 de febrero, a las 18:30 horas, cuando viajaba con su familia, fueron interceptados por una camioneta sin placas de la cual descendieron cinco personas que los amenazaron.

“Deja de estar chingando a la gente que representa Magdaleno Rosales Patraca y si no lo haces te va a llevar la chingada”, señala, y añado que uno de los sujetos sacó un arma.

En el documento añade que uno de los agresores sentenció: “total estamos protegidos por el Congreso del Estado”.

Cirilo Herrera explicó que, por lo anterior, el día 13 de febrero presentó la denuncia penal en contra del diputado José Magdaleno Torres en la Fiscalía Regional de Veracruz por amenazas, tentativa de secuestro y lo que resulte en contra del legislador y quienes resulten responsables.

Con información de Xeu noticias

Las solicitudes de juicio político tienen un plazo de 7 días para ser votadas por el congreso, de acuerdo con lo establecido en el articulos 24.1 de la Ley 566 de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, esto a partir de que la Comisión Permanente Instructora turne el dictamen a la Secretaría General del Congreso para ser votado.

Por su parte el articulo 25.2 de esta misma ley, establece que de no alcanzar mayoría calificada en la votación para verificar la procedencia de la acusación, se ordenará archivar el expediente como asunto concluido.

Dado que el dictamen de la Comisión Permanente Instructora, relativo a uno de los juicios políticos del fiscal yunista, fue turnado a la Secretaría General del Congreso, el pasado 29 de enero del presente año, los 7 días habiles de los que disponía el congreso veracruzano para proceder, concluyeron el pasado 8 de febrero.

 
 En el caso del segundo juicio político promovido en contra de Jorge Winckler, este fue turnado a la Secretaría General del Congreso el pasado 30 de enero, por lo que su respectivo plazo concluyó el 11 de febrero.

Todo parece indicar que el yunismo llegó para quedarse a Veracruz y que ni con el poder ejecutivo y mayoría en el congreso, la nueva administración estatal podrá sacarlo, en veracruz tendremos Yunes para rato.

Fuente: http://www.noreste.net

Luego del anuncio que hizo de que no apoyará con recursos económicos al Carnaval de Veracruz, el gobernador ya no coronará a la Reina del 2019.

 

El presidente del comité organizador, Luis Antonio Pérez Fraga, dijo que con esa situación habrá cambios en el protocolo de coronación de la Corte Real.

"En este caso el alcalde coronaría a la Reina; la Reina es la que corona a su princesa; y al Rey lo podría coronar el alcalde de Boca del Río que está trabajando de la mano con el Carnaval muy de cerca".

El funcionario dijo que el mandatario se "desinvitó" solo y nadie le hizo la grosería, ya que desde una conferencia de prensa declaró que no habrá apoyo económico para las fiestas carnestolendas.

"El oficio que le hacemos que dice que es informal, cuando es papelería membretada y por escrito, ahí lo que le pedíamos era una cita para presentarla a nuestra corte electa, y la petición de los recursos".

Antes, desde la Sala de Cabildo, el presidente municipal Fernando Yunes Márquez, dijo que no retiraron la invitación pero que si el gobernador quiere asistir puede hacerlo.

"Como cualquier otro veracruzano podrán pagar sus gradas de 80 pesos o el lunes acudir de manera gratuita".

Finalmente este será un carnaval panista y local, donde solo será aplaudido por miembros de la comuna porteña y organizadores del Comité de Carnaval actual, quienes llevan muchos años al frente y sin mostrar algún beneficio para la sociedad.

Xalapa, Ver., 12 de febrero de 2019.- Esta mañana, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que impulsará dos ejes de desarrollo económico para generar empleos en Veracruz, que se traduzcan en bienestar para la gente: en el campo y el turismo. Para ello, ahora el presupuesto de la Secretaría de Turismo y Cultura (SECTUR) asciende a 148 millones 500 mil pesos.

En conferencia de prensa, la titular de dicha dependencia, Xochitl Arbesú Lago, presentó los resultados de la participación de Veracruz en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2019, que se efectuó en la ciudad de Madrid, España.

Como parte de esta colaboración, destacan los acuerdos con Pullmantur Cruises, empresa naviera con más de 40 años de trayectoria y filial de Royal Caribbean, para que el estado vuelva a ser puerto anfitrión de cruceros de aproximadamente dos mil turistas, contemplándose que para verano de 2020 se inicien estas operaciones.

El Mandatario indicó que, en el marco de la conmemoración de los 500 años de la fundación del puerto de Veracruz, se busca reactivar la visita de cruceros; y anunció que espera extender este turismo a pequeños puertos como Alvarado, Tlacotalpan y Nautla, haciendo escala en la zona arqueológica de Villa Rica.

“Nos ha costado mucho empezar a cambiar la imagen que se tenía de Veracruz; hoy ya existe confianza, vienen más inversionistas, quieren estar cerca; hemos estado en contacto con inversionistas extranjeros, con embajadores de otros países que nos vienen a plantear intercambio comercial, traer inversiones; inversionistas desde Asia que quieren prestar servicios de inversión”.

Por otra parte, Arbesú Lago también dio a conocer la propuesta para que Veracruz sea sede de la Sexta Feria Nacional de Pueblos Mágicos; evento organizado por el Gobierno Federal, el cual se llevará a cabo en el segundo semestre del año en curso.

Abundó que se dialogó con directivos de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) para entablar una alianza internacional que permita implementar un modelo de transporte ferroviario en la entidad; específicamente, un tren ligero de Xalapa y la región, así como uno turístico